14 profesionales de enfermería de Madrid se encargarán, a partir de ahora, de conocer si los centros públicos del SERMAS de la Comunidad de Madrid cumplen la normativa estatal en materia de bioseguridad. Son los denominados ‘Enfermeros centinelas’ y constatarán, entre otros temas, si los trabajadores han recibido la formación necesaria para manejar dispositivos de bioseguridad por parte del empleador, si los procedimientos de trabajo son seguros o si existe notificación sistematizada en caso de accidente por instrumento corto-punzante, por ejemplo.
En principio, explican desde SATSE Madrid, los centros a evaluar son aquellos que tienen unas especificidades concretas (mayor volumen de trabajadores, que tengan unidades específicas en tratamientos con medicamentos peligrosos -oncología, por ejemplo-) para más tarde extender este estudio a todos los centros asistenciales (públicos y privados) de la Comunidad de Madrid.
“Creemos, indican responsables de SATSE Madrid, que hay numerosas lagunas en la normativa sobre Salud Laboral ya que la Directiva Europea, de obligado cumplimiento en nuestro país desde agosto de 2013, se traspuso como una simple Orden Ministerial y no como un Real Decreto o como una Ley que era lo esperado. Su fuerza jurídica es, por tanto, menor y se perdió la oportunidad de mejorar la normativa europea, adaptándola a las necesidades de nuestro país”.
En la Comunidad de Madrid, los 14 ‘enfermeros centinelas’ intentarán conocer, en esta primera fase, el nivel de formación que se ofrece al trabajador en temas de bioseguridad; si existe una notificación sistematizada de los accidentes de tipo biológico, el número de casos que se han producido desde el inicio de la transposición de la Directiva o si existe una evaluación de riesgos. Así hasta un total de 22 items que son los que se van a analizar.
Además, intentarán comprobar si se ha eliminado, como lo exige la normativa europea, los dispositivos no bioseguros o que todos los procedimientos de trabajo sean seguros, que se apliquen las medidas colectivas de seguridad (utilización de campanas de flujo laminar y que el circuito de medicamentos peligrosos sea seguro tanto para el profesional como para el usuario) o que todos los profesionales sanitarios estén vacunados frente a Hepatitis B y C, por ejemplo.
Una vez realizada la recogida de datos, éstos serán volcados en un programa informático que analizará la información recopilada y que servirán para realizar un diagnóstico, a nivel nacional, con el objetivo de conocer si nuestro país cumple o no la Directiva Europea y, en base a ello, hacer un seguimiento cercano de la situación y hacer propuestas concretas para corregirlas. Eso será, previsiblemente, tras el verano.
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