Los populares proponen que Arnaldo Otegi sea declarado persona non grata en Pozuelo

Presentarán una moción al próximo Pleno para evitar que quien desprecia a las víctimas y las sentencias judiciales use a las instituciones

Susana Pérez Quislant, vicepresidenta de la FMM y alcaldesa de Pozuelo

El Grupo Municipal del PP de Pozuelo de Alarcón presentará una moción al próximo pleno del 16 de junio proponiendo que se declare al ex-líder de Batasuna, Arnaldo Otegi, persona non grata en la ciudad.

En el texto de la moción, los populares explican que Otegi está llevando a cabo una ronda de visitas a instituciones españolas y europeas con el fin de hacer campaña mediática en favor del ex líder batasuno y normalizar  su presencia en la vida  política.

La presidenta del Grupo Municipal del PP, Susana Pérez Quislant, ha señalado que “alguien que no condena los crímenes perpetrados por ETA, que no pide perdón a las víctimas, que no contribuye con la Justicia para esclarecer numerosos casos aún pendientes y que no trabaja para que la banda terrorista entregue las armas, no puede utilizar las instituciones para autoproclamarse hombre de paz, despreciando  las sentencias judiciales”.

La moción defiende que “en este  proceso  no hay  ni hubo  una  guerra. En este proceso están en un lado la sociedad  española y vasca, que quieren vivir en libertad y en concordia y por otro, un grupo de terroristas que históricamente se ha alimentado  de los asesinatos  y  la extorsión como único modo de  vida”.

“Para que las instituciones no den la espalda a las víctimas del terrorismo, por la dignidad de la sociedad española, en reconocimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en defensa de la vida, la paz y del Estado de Derecho”, el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón propone que esta Corporación Municipal declare a Arnaldo Otegi persona non grata y condene la utilización que está haciendo de las instituciones para evitar que sea recibido en ayuntamientos, parlamentos y asambleas legislativas.

También se busca “la reprobación de aquellos políticos y partidos que  pongan en tela de juicio las resoluciones judiciales de tribunales como la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo en la lucha contra el terrorismo y de aquellos que emprenden campañas de desprestigio dentro y fuera de nuestras fronteras contra estos  tribunales, buscando dañar su imagen y la de la Justicia de un país como  España, donde funciona el Estado de Derecho”.

Por último, se quiere “apoyar la unión de todos los demócratas, el cumplimiento de la Ley, el respeto por el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la defensa de la memoria y la dignidad de todas las víctimas, como el mejor  mecanismo para la desaparición del terrorismo”.



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