La asociación Erich Fromm denuncia presuntas irregularidades a la hora de otorgar custodias en los juzgados de Pozuelo de Alarcón

Los Juzgados priman la tramitación de las denuncias por acoso presentadas por una Juez frente a las denuncias por acoso formalizadas por un ciudadano, según el colectivo

El pasado 14 de julio “el Sr. Romeral ha sido citado a declarar en concepto de investigado por presuntos delitos de acoso, coacciones, falta de respeto, injurias y calumnias a la Juez que fue titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Pozuelo de Alarcón y que actualmente ocupa la plaza de titular del Juzgado de Instrucción nº 7 de Majadahonda. La citada magistrada resolvió la custodia sobre el hijo del Sr. Romeral, quien formalizó en su día querella ante el Tribunal Superior de Justicia contra dicha magistrada por presuntos delitos de prevaricación y revelación de secretos”, se recoge en un comunicado difundido por la Asociación Erich Fromm.

“Estimaba, además, que en los procedimientos encomendados a esta Juez, así como en otros procedimientos judiciales llevados a cabo por otros Juzgados de Majadahonda, hubo serias irregularidades. No en vano, parte de las resoluciones se fundaron en informes del psicólogo adscrito al equipo psicosocial, José Manuel Muñoz Vicente, que actualmente tiene abierto expediente disciplinario por el propio Colegio de Psicólogos de Madrid”, precisan desde el colectivo.

El Sr. Romeral, en el ejercicio de su actividad asociativa en defensa de los intereses de los menores objetos de procedimientos judiciales ha repartido en varios Juzgados propaganda de la citada asociación.

“Lo más sorprendente del caso es que el Juez que está tramitando la denuncia de la magistrada tomó declaración a esta sin citar al letrado del ciudadano denunciado y acordó, sin escuchar a éste último, medidas cautelares prohibiendo la libertad de expresión de este justiciable. Así, por medio de auto de 4 de julio le prohíbe repartir la propaganda y califica a la denunciante de “víctima”, anticipando así la condena de mi representado, por considerarle, ya antes de escucharle, culpable”, añaden desde el colectivo, para concluir: “Igualmente es sorprendente que la magistrada denunciante, prevaliéndose de su cargo, y días antes de formalizar denuncia, llamara a la Guardia Civil para que intervinieran los folletos y prohibieran su reparto alegando que eran difamatorias. Por tales motivos mi representado presentó denuncia por coacciones contra la citada Magistrada días antes de que esta le denunciara formalmente. Sin embargo, mientras la denuncia de la Magistrada ha sido tramitada con inusitada rapidez, la denuncia del ciudadano afectado aún no ha sido tramitada”.

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