Los programas electorales juegan un papel fundamental en el funcionamiento de las democracias actuales. Sin embargo, existe una divergencia entre la realidad sobre las propuestas de los partidos políticos y la percepción del votante en cuanto a su cumplimiento. Esto se debe, en parte, a que los programas electorales presentan una gran cantidad de contenido retórico y un grado de concreción escaso (solo el 5% son medidas concretas) y, además, los votantes conocen muy poco sobre esas propuestas concretas y su grado de cumplimiento.
Con el objetivo de superar esta desconexión y garantizar la viabilidad presupuestaria y fiscal de las promesas electorales de los partidos políticos, la Fundación Transforma España ha presentado en días pasados en Madrid la iniciativa “Coherencia económica de los programas electorales”, que cuenta con el apoyo de las principales fuerzas políticas en España. El acto, presidido por Eduardo Serra, presidente de la Fundación Transforma España y ex ministro de Defensa, ha contado con la presencia de Ramón Moreno, del PP, de José Enrique Muñoz del PSOE, y Begoña Villacís, de Ciudadanos.
En el marco de su compromiso por la mejora de la calidad de la democracia representativa en España, la Fundación apuesta por el desarrollo de un mecanismo de auditoría, a través de un organismo políticamente independiente, económicamente competente y socialmente reconocido, para poner al servicio de la ciudadanía una herramienta útil que forme opinión y facilite la elección al votante. “Tenemos una ciudadanía madura, es hora de que los programas electorales contengan propuestas concretas y abandonen la pura retórica. Si además estas propuestas concretas pueden ser evaluadas, la ciudadanía conocerá la viabilidad de las mismas y por tanto la posibilidad de su cumplimiento”, afirma Eduardo Serra, Presidente de la Fundación Transforma España.
Coherencia presupuestaria: primera prioridad política y gestora
“Este proyecto no tiene la intención de menoscabar la capacidad de iniciativa y propuesta de los partidos políticos, sino conducirla por criterios de transparencia y racionalidad”, así lo han explicado Joaquín Artés y Roberto Fernández LLera, expertos que han actuado de ponentes de la iniciativa. La evaluación se centra únicamente en los efectos presupuestarios directos en gasto e ingresos públicos, déficit y deuda, asegurando que los programas electorales que lleguen a manos de los votantes contengan propuestas viables y coherentes, en un momento en el que el control del déficit y los objetivos de estabilidad presupuestaria se colocan como la primera prioridad política y gestora.
Una de las claves para el éxito de la iniciativa reside en encomendar esta misión a una institución independiente, y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), establecida por iniciativa de la Unión Europea, es considerada la mejor opción dentro de las hoy existentes por los expertos, ya que tiene como fines la evaluación continua del ciclo presupuestario y del endeudamiento, y el análisis de las previsiones económicas. Con un horizonte amplio para asentar y desarrollar la iniciativa, las elecciones del 2020 podrían ser un excelente punto de inicio, coincidiendo con la finalización del periodo transitorio que prevé la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
“En todo caso, en el informe proponemos como una fórmula alternativa la creación de un grupo de trabajo de expertos independientes amparados por fundaciones de la sociedad civil, si las modificaciones legislativas precisas no fuesen factibles en el plazo necesario. El proceso de evaluación es tan importante y necesario que hay que contar con un plan B para garantizar su ejecución” afirma Santiago Lago Peñas, coordinador del equipo de trabajo.
Este tipo de auditorías ya se han consolidado en algunos países europeos, como Holanda. De hecho, los partidos holandeses llevan desde 1986 sometiendo a evaluación sus programas electorales, a través de la Oficina Holandesa de Análisis de Política Económica. En este caso la evaluación no es obligatoria pero, en la práctica, la totalidad de los partidos someten su programa a la evaluación, considerando que las estimaciones del CPB dan credibilidad a su campaña y no participar en ellas se la quitaría.
El 80% de los ciudadanos afirma que los programas electorales deberían ser auditados por entidades independientes
Esta iniciativa es la continuidad que da la Fundación Transforma España al ‘Decálogo de un programa electoral’ y a la encuesta de Sigma Dos, realizadas el pasado año, donde se puso de manifiesto que el 80% de los ciudadanos apostaba por la auditoría de los programas electorales, como instrumento de transparencia y garantía de viabilidad de los proyectos de gobierno.
La encuesta de opinión pública, elaborada por Sigma Dos elaborada en el marco del Decálogo, mostró que el 80% de los ciudadanos está de acuerdo con la auditoría de los programas electorales, lo que puede explicarse sabiendo que solo 13 de cada 100 españoles cree en el cumplimiento de las promesas políticas.
La iniciativa ‘Coherencia económica de los programas electorales’ culmina así un trabajo de más de dos años, cuyo objetivo ha sido devolver a los programas el lugar que merecen en una democracia representativa de calidad.
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