La Comunidad de Madrid tiene previsto aprobar 11 nuevas leyes y 66 normas reglamentarias a lo largo del año que viene, según recoge el Plan Anual Normativo para 2018 que ha sido aprobado hoy por el Consejo de Gobierno y que, ahora, será publicado en el Portal de Transparencia. Este plan se elabora por primera vez, en línea con la nueva legislación estatal sobre procedimiento administrativo común.
El Plan Anual Normativo, coordinado por la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, incluye las iniciativas legales o reglamentarias que se van a aprobar en el siguiente ejercicio y debe ser aprobado en Consejo de Gobierno antes del 30 de abril del año inmediatamente anterior. Supone un impulso a la hora de reforzar la seguridad jurídica, la participación ciudadana y la revisión del ordenamiento jurídico en la Comunidad de Madrid.
En 2018, el Gobierno regional tiene previsto aprobar 11 proyectos de Ley relativos a responsabilidad medioambiental, a ayudas financiadas con fondos agrícolas europeos, a salud pública, a ordenación farmacéutica, a la autoridad del personal sanitario, a investigación científica e innovación, al Plan de Estadística, a las cooperativas, a los presupuestos de la región y a los archivos y documentos de la Comunidad.
El plan también prevé la aprobación de 66 normas reglamentarias, vía decreto, sobre distintas materias, entre ellas el procedimiento para reconocer la situación de dependencia y el derecho a las prestaciones, la regulación de los centros de servicios sociales, de los puntos de encuentro familiar, el reglamento de adopciones y acogimiento, el reglamento de los servicios de transporte público urbano en automóviles de turismo, de las viviendas con protección pública o la regulación de la sanidad mortuoria o del procedimiento de creación y reconocimiento de universidades.
Evaluación de los resultados
El plan también identifica 16 normas que deberán someterse a un análisis sobre los resultados de su aplicación, de manera que se pueda constatar la eficacia de la norma aprobada, es decir, si ha conseguido los fines propuestos; y su eficiencia, identificando cargas administrativas que podrían evitarse y la sostenibilidad de la disposición.
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