Asistimos a la enésima puesta en cuestión de la institución de la acusación popular por parte de los principales partidos políticos de nuestro país. Se fundamenta esta oleada de críticas en el indudable mal uso que de la citada institución se ha hecho a lo largo de los últimos años por entidades como Manos Limpias o Ausbanc, las cuales han incurrido en presuntos ilícitos penales de semejante envergadura a aquellos que en apariencia trataban de combatir.
La cuestión no es dilucidar si esos abusos de derecho son o no aceptables, puesto que no cabe ninguna duda de que no lo son y de que el Estado de derecho ha de reaccionar con todos y cada uno de los resortes de la legalidad contra los mismos; la verdadera pregunta que subyace tras estos escándalos es la que nos interroga sobre la conveniencia de reformar la acusación popular para limitarla y restringirla de manera directa como se pretende.
La acusación popular emana de nuestra Constitución Española y, en particular, de su artículo 125, y es una institución de rancio abolengo en nuestro ordenamiento jurídico. Su mala utilización no se debe a una pretendida perversidad ontológica de su naturaleza, sino más bien al fiel retrato de un estado de corrupción generalizada en nuestro país y de escasa higiene democrática de nuestras instituciones. Lejos de suponer una constante fuente de corrupción y escándalos, la acusación popular se ha revelado en los últimos tiempos como motor de la lucha contra la corrupción, siendo en ocasiones la única vía para incoar grandes causas penales contra la corrupción política que, de no haber existido dicha institución jurídica, jamás hubieran salido a la luz.
Así, entre otros varios, tenemos el Caso Bankia y el papel fundamental que desempeñó UPYD como partido político que, personado como acusación popular, se querelló contra la entidad financiera por múltiples irregularidades. Si la reforma que ahora se pretende aprobar hubiera estado en vigor por aquel entonces, ni éste ni otros muchos casos de corrupción política y financiera hubieran sido destapados.
Desde Plataforma Ahora queremos advertir sobre las espurias intenciones de aquellos que pretenden reformar la acusación popular para eludir que la misma pueda ser ejercitada por partidos políticos o sindicatos. Habida cuenta de que su derogación implicaría ni más ni menos que una reforma constitucional, lo que se pretende es utilizar un subterfugio más rápido y simple con el indisimulado objetivo de constreñir de facto la posibilidad de ejercer la acusación popular y bloquear así la lucha contra la corrupción política.
Para nosotros resulta difícilmente discutible que la acusación popular no puede convertirse en el gran cajón de sastre que cubra las carencias de nuestro proceso penal. Si la acusación popular ha cobrado durante las últimas tres décadas tamaña importancia, esto se debe principalmente a una clamorosa dejación de funciones por parte del Ministerio Fiscal en relación a su cometido constitucional. En demasiadas ocasiones hemos sido testigos directos de un comportamiento directa o indirectamente politizado del Ministerio Público, cuerpo totalmente jerarquizado y dependiente en última instancia del poder político. Así, la acusación popular lejos de cumplir su ya de por si fundamental papel ha visto ampliada de manera involuntaria su relevancia hasta convertirse de hecho en el único resorte tangible en la lucha contra la corrupción política.
Es anómalo y muy poco edificante encontrar un Ministerio Fiscal que, en demasiadas ocasiones, hace las veces de abogado defensor de delincuentes de cuello blanco, al igual que es inaudito que las carencias provocadas por la inadmisible politización del Ministerio Público tengan que suplirse siempre y por defecto por la acusación popular. No es el uso de ésta, sino el abuso y las carencias del ordenamiento jurídico en su conjunto las circunstancias determinantes de muchos de los escándalos que han copado los titulares de prensa en recientes fechas.
La solución a las anomalías que señalamos es corregirlas, no cercenar instituciones cuyo papel en la persecución de grandes casos de corrupción ha sido en muchas ocasiones ejemplar. En vez de proyectar las soluciones sobre las grandes lagunas de nuestro sistema, se vuelve a lanzar una gran cortina de humo que, al fin y al cabo, mantenga las carencias de nuestro sistema inalteradas y ataque no las causas sino las consecuencias derivadas de los problemas de fondo.
En suma, la reforma pendiente de nuestro ordenamiento jurídico no debe pasar por la limitación de la acusación popular, sino por la despolitización de todas y cada una de las instituciones que se han revelado manifiestamente cooptadas por el poder político. Entre ellas, el Ministerio Fiscal. Cuando tales reformas sean implementadas y se reconduzca la actuación del Ministerio Fiscal dentro de los parámetros de normalidad constitucional exigible, estamos seguros de que la acusación popular volverá a ser usada con mesura y ponderación, y dejará de ser el único cauce posible para luchar contra la corrupción política. No se trata de desjudicializar la política como señalan pomposamente algunos, sino de despolitizar la justicia y preservar los cimientos básicos de nuestro Estado de derecho. Sólo así dignificaremos verdaderamente la política.
Gorka Maneiro
Portavoz Plataforma Ahora
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