El Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha presentado ante el Tribunal Supremo un escrito que aúna un recurso extraordinario por infracción procesal y otro de casación contra la sentencia dictada el pasado mes de julio por la Audiencia Provincial Civil de Madrid que confirma el fallo del Juzgado de Primera Instancia que determinaba el carácter privado de los caminos de Monte Romanillos.
El Consistorio apela en el recurso al carácter inalienable e imprescriptible de estos como argumento frente a la consideración de “pasividad o demora” municipal para inferir la naturaleza pública de los caminos que argumenta la sentencia e insiste en que estos son “bienes de dominio público de los denominados naturales” por lo que no es necesario emprender un procedimiento expreso para probar la titularidad.
El litigio comenzó en el año 2007 por un expediente de subsanación de discrepancias catastrales que provocó que el Ayuntamiento considerara explícitamente la titularidad pública de los caminos “desde tiempo inmemorial”, aspecto en el que insiste en el recurso ahora presentado. En 2014, el Consistorio inmatriculó los caminos en el Registro, incluyéndolos en el inventario de bienes municipales.
Previamente, en 2013, como consecuencia del cierre de las entradas de varias sendas y de la vía pecuaria cordel segoviano, el Ayuntamiento de Boadilla presentó una denuncia contra los propietarios.
El Juzgado de Majadahonda ordenó entonces como medida cautelar el desalojo y puesta a disposición de los ayuntamientos afectados (Boadilla y Majadahonda) y de la Comunidad de Madrid de los caminos cerrados, eliminando para ello cualquier obstáculo existente (puertas, cadenas, piedras, barras…). El Auto indicaba que era el Ayuntamiento o ente público al único que correspondía la gestión y dominio sobre caminos, candados y cadenas, siendo los únicos que podían proceder a su colocación, retirada, apertura, gestión y decisión sobre las mismas.
Posteriormente la Audiencia Provincial levantó las medidas cautelares dejando la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las normas en manos de las administraciones implicadas. Después de esta medida los propietarios de la finca presentaron su demanda para reivindicar la propiedad de los caminos, lo que inició el procedimiento judicial cuya última actuación ha sido la presentación del citado recurso.
Be the first to comment