16 municipios de la Comunidad de Madrid, afectados por el caso ‘Enredadera’, entre ellos Majadahonda, Villanueva de la Cañada y Torrelodones

39 personas detenidas, entre ellas 16 alcaldes y concejales –del PP, PSOE y Ciudadanos- y 9 policías locales, además de 70 personas a las que les ha sido comunicada su condición de investigadas, es el balance de la macrooperación “Enredadera” desarrollada ayer martes 3 de julio por la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, a instancias del juzgado de instrucción número 2 de Badalona, en 44 municipios españoles, 16 de los cuales pertenecientes a la Comunidad de Madrid, donde fueron registrados los Ayuntamientos de Majadahonda, Villanueva de la Cañada, Torrelodones, Alcobendas, Fuenlabrada, Arroyomolinos, Pinto, Parla y Torrelodones, además de haberse solicitado múltiples documentos a otros municipios madrileños, como el de Hoyo de Manzanares, que distribuyó ayer un comunicado al respecto.

Esta investigación ha desmantelado una red que adjudicó presuntamente de manera ilegal contratos para el control y la gestión del tráfico a través de una trama consistente en el supuesto amaño de contratos municipales para la instalación de radares de tráfico. Dicha trama operaba desde hace ocho años con la connivencia de cargos públicos y mandos policiales, que lograban que sus ayuntamientos compraran material y programas informáticos de seguridad vial a precios hinchados, además de lograr la adjudicación de la gestión de las multas.

Para eludir la concurrencia de otras empresas, fraccionaban las cantidades para tramitar los contratos como menores o negociados sin publicidad. También manipulaban los datos de siniestralidad para justificar la instalación de radares donde no era necesario, todo ello con fines recaudatorios. La empresa que los colocaba pagaba supuestamente comisiones ilegales a políticos y policías locales.

En total la Policía efectuó ayer 92 registros, en 31 despachos profesionales, 24 domicilios y 12 empresas. Una de estas es Aplicaciones Gespol S.L., filial de la constructora Sacyr, proveedora de un software para policías locales que centra parte de las sospechas.Sacyr anunció ayer mismo la apertura de una investigación interna y cifró en 1,5 millones de euros el importe de los contratos obtenidos a través de Gespol en el último año.

La Fiscalía Anticorrupción ha calificado los hechos como posibles delitos de prevaricación, fraude, revelación de información, malversación, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental, alteración del precio de concurso público y organización criminal.

Entre los detenidos se encuentra el alcalde Arroyomolinos, Carlos Ruipérez, de C’s, así como tres técnicos municipales -entre éstos supuestamente el responsable de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Majadahonda- y 11 empresarios, entre ellos  José Luis Ulibarri, imputado en el caso Gürtel, y el presidente de la asociación de jefes de policías locales, además de los políticos y agentes de Policía Local anteriormente mencionados.

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