Los hechos por los que se investiga a Pérez-Hickman, que será diputado tras la renuncia de Soraya Sáenz de Santamaría, se remontan a su época de concejal popular en Pozuelo de Alarcón (1991-2011). Pérez-Hickman fue edil durante la alcaldía de Jesús Sepúlveda, recientemente condenado por el caso Gurtel, y uno de los responsables de la gestión de la depuradora municipal del barrio de Húmera.
Tal y como se deduce de la investigación de la Guardia Civil, la depuradora habría estado vertiendo agua altamente contaminada a la Casa de Campo de forma continuada, por lo que Pérez-Hickman tendrá que declarar la semana que viene.
La formación municipalista Somos Pozuelo, que está personada en la causa como acusación popular, ha querido manifestar a través de su portavoz, Pablo Perpiñá, su postura: “Una persona investigada por unos hechos tan graves y que están directamente relacionados con su gestión al frente de un Ayuntamiento, debería dimitir como diputado en caso de confirmarse su imputación. De no ser así, el PP seguiría protegiendo y premiando el mal gobierno”.
La investigación llega hasta nuestros días, afectando a un total de 10 concejales y exconcejales del PP, incluyendo a la actual Alcaldesa Susana Pérez Quislant. Todos ellos declararán ante el Juzgado número 1 de Pozuelo de Alarcón los próximos 18 y 19 de septiembre.
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