“Han abierto la puerta a la privatización de la asistencia sanitaria”. Así de rotundos se han manifestado los responsables de SATSE Madrid tras conocer que el Consejo de Gobierno ha aprobado el Proyecto de Ley de Farmacia de la Comunidad de Madrid que, en su opinión, “da el primer paso para la privatización de la sanidad pública”.
Deja en manos privadas, según las mismas fuentes, “el desarrollo de actividades y servicios asistenciales de naturaleza informativa, preventiva y de seguimiento a grupos específicos de pacientes y medicamentos, de acuerdo a los protocolos y requisitos de actuación que en cada caso se determinen”. Es decir, gran parte de las funciones que ya se realizan, de forma satisfactoria, en los Centros de Salud por parte de los profesionales sanitarios y que no generan gasto alguno a las arcas públicas ya que son parte de su trabajo diario.
Muchas dudas genera este Proyecto de Ley que, en opinión de SATSE Madrid, sólo busca el beneficio económico y llenar las arcas de las farmacias, acabando con el principio de universalidad y gratuidad vigente en el SERMAS.
El Proyecto de Ley otorga nuevas prerrogativas a las Oficinas de Farmacia a cambio de conciertos económicos con la Comunidad de Madrid a pesar de que la cobertura sanitaria, a través de los Centros de Salud o Consultorios locales es muy superior a la que pudieran ofrecer las oficinas de Farmacia. No se sostiene, indican desde SATSE Madrid, que no ve otra motivación “que la económica”.
“Es un sinsentido, añaden desde SATSE Madrid, ya que creemos que la única motivación es aligerar la presión económica que, según dicen, padecen las Oficinas de Farmacia y que, no hay que olvidar, aunque prestan un servicio público buscan exclusivamente el mayor beneficio económico posible ya que se trata de negocios privados y con un evidente afán de lucro”.
La Asamblea de Madrid debe intervenir
SATSE Madrid se reunirá próximamente con representantes políticos de la Asamblea para hacerles ver “la necesidad de que se modifique el articulado del Proyecto de Ley para evitar que la Oficina Farmacia se convierta en una mala copia del Centro de Salud y se cobre por servicios que ahora se realizan de forma gratuita, bien directamente o a través de conciertos con la Consejería”.
De igual forma, desde la organización sindical se espera que la Asamblea de Madrid no sancione legalmente la posibilidad de incurrir en intrusismo profesional, especialmente si tenemos en cuenta que los farmacéuticos y los auxiliares de farmacia, los más numerosos en estas oficinas, no cuentan con los conocimientos sanitarios necesarios para sustituir a los médicos o profesionales de enfermería que actualmente desarrollan estas labores a través, principalmente, de los Centros de Salud.
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