Qué dice el PGOU de Boadilla del Monte sobre el agua de sus urbanizaciones históricas

Es lícita la preocupación de los vecinos de las Urbanizaciones Históricas de Boadilla, por la incidencia que pueda tener en materia de salud pública, la composición de los materiales de las tuberías de suministro de agua

Este mes, el pleno municipal viene cargado de temas de gran interés para los vecinos de Boadilla que están conociendo en los últimos meses la situación de posibles riesgos por el estado de las conducciones de agua de consumo. Me refiero, entre otros, a los vecinos de las Urbanizaciones Históricas.

El pasado mes, todos los partidos del consistorio, entre ellos el PSOE de Boadilla, recibimos un escrito de los vecinos de la Urbanización Bonanza, en el cual solicitaban al Ayuntamiento “la elaboración del censo de infraestructuras de suministro de agua afectadas por el amianto o fibrocemento, así como, como las medidas para su sustitución”, tema, a la postre, bastante desconocido por el ciudadano de a pie. En opinión del candidato por el PSOE de Boadilla a la alcaldía,  Alfonso Castillo, es lícita la preocupación de los vecinos, por la incidencia que pueda tener en materia de salud pública, la composición de los materiales de las tuberías de suministro de agua.

Echando mano de la hemeroteca, dentro del desarrollo urbanístico de las urbanizaciones, la Sociedad Suministradora de Aguas, S. A, fue creada para abastecer el suministro de agua de consumo, cediendo ésta la gestión de los servicios a las concesionaria (ANSA) para Bonanza, Valdecabañas y Parque Boadilla y a HIDROGESTION, S.A., para ValdePastores y Las Lomas.

En función de lo que establece el PGOU de 2015 en su punto 4.4 de Gestión Integral del agua, se determina que, “aquellas Entidades Urbanísticas de Conservación, o Comunidades de Propietarios, o Empresas de Explotación que se encarguen actualmente del suministro de agua, asumirán las obligaciones de mantenimiento de las redes de agua, (…).

Con respecto a estas concesiones que gestionan las Urbanizaciones Históricas, dice el Convenio con el Canal de Isabel II, (en adelante el CANAL) que, “el Ayuntamiento se reserva en todo caso la facultad de obligar a las Entidades, Comunidades o Empresas de Explotación a poner a disposición del municipio, las infraestructuras y servicios que se determinen».

Con relación a las distintas mociones presentadas a los plenos sobre este asunto, nos sorprende la respuesta del concejal de infraestructuras ante la propuesta del año 2017, -cuando se aprueba en el pleno el informe de auditoria y asunción por parte de los vecinos del mismo-, puesto que, revisado el Convenio con el CANAL de 2012, sus propios servicios técnicos municipales, -en relación a los gastos por posibles actuaciones relacionadas con el mantenimiento, reposición o mejora de la red-, ya informaban de la conveniencia de realizar “un estudio de diagnóstico para saber a priori el coste de las obligaciones que se puedan derivar para realizar un Plan director de actuaciones antes de la firma del convenio”, recomendaciones que después de ocho años, y con el Convenio vigente, se vuelve a pedir, nuevo informe de auditoria, además de autorización de crédito, sin haber tenido en valor las  recomendaciones de sus técnicos de realizarlo antes de la firma.

Es conveniente conocer por parte de los vecinos, la cláusula Vigésima del Convenio, que remite al Régimen tributario y establece que: “”las obras de reparación, mantenimiento, adecuación y renovación de las redes de distribución, (…) que realice el CANAL y sean ejecutadas por encomienda del Ayuntamiento, tendrán la consideración de obras de titularidad municipal,(…)”.

Hablamos, por tanto, de redes públicas, por lo que consideramos una obligación del Ayuntamiento reclamar a las empresas que entreguen las tuberías sin repercutir coste alguno de las obras. Y  si la renovación de infraestructuras de canalizaciones las viene desarrollando de forma habitual el Canal de Isabel II, consideramos que es preceptivo pedir un dictamen al Centro de Coordinación Municipal del Canal de Isabel II sobre el estado actual de las infraestructuras, antes de tomar decisiones que puedan causar perjuicios sanitarios o económicos a los vecinos del municipio.


Isabel Carmona Maestre, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte

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