CCOO ha calificado de “cacicada” la disolución, por parte de la Consejería de Educación, del tribunal de oposición a cátedras de Instrumentos de Cuerda en el Real Conservatorio de Música de Madrid y considera que la nota difundida por la Dirección General de Recursos Humanos de la propia Consejería lejos de aclarar el asunto incrementa la alarma. “Es la propia Administración quien pone en cuestión el procedimiento, ya que da a entender que no ha habido transparencia y buen funcionamiento, algo que no se decía en la Resolución del 15 de julio por la que se aceptaron extrañamente las renuncias de dos vocales”, esgrime Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid.
Podría decirse que nunca antes habían ‘desafinado’ tanto unas oposiciones. “La aceptación de las renuncias es un hecho tan extraño”, afirma Galvín, “que se puede pensar que existen otras motivaciones a la esgrimida para las renuncias (“disparidad de criterios” en las valoraciones de los aspirantes), pero la Administración no las pone de manifiesto ni actúa en consecuencia aplicando los procedimientos contemplados en derecho administrativo, aunque se lo hemos pedido”. CCOO insiste en que si hay otros motivos diferentes a divergencias en la apreciación de las pruebas (divergencias, por lo demás, consustanciales a todo tribunal), “deberían haberlos hecho públicos y haber seguido los procedimientos previstos, pero nunca haber aceptado la renuncia ni haber disuelto el tribunal. Es completamente ilegal, como hemos advertido expresamente. Es más, no solo se han aceptado extrañamente unas renuncias, sino que, nombrando uno nuevo en su totalidad se destituye sin causa y contra su voluntad a los dos miembros que no han renunciado, por lo que tal aceptación parece una excusa para defenestrar a todo el tribunal (recordemos que previamente otro miembro de los cinco fue cesado al no reunir un requisito)”.
“Hemos pedido reiteradamente a la Administración que explique las razones de la decisión de disolver el tribunal, porque la disparidad de criterios no es una razón y tampoco está prevista en modo alguno en la legalidad vigente”, señala la portavoz sindical.
“No se puede romper la baraja”
Incluso existiendo causa de nulidad, el Derecho Administrativo establece que se deben conservar los actos no afectados por la causa, que son las pruebas y las calificaciones. Pero es que el tribunal no ha sido anulado, sino “disuelto”, una diferencia fundamental, porque una anulación obedece a un vicio de origen previo mientras que una disolución es sobrevenida. “Dicho de otra manera”, aclara Galvín, “no se puede romper la baraja. Si el anterior tribunal no está anulado, deben conservarse sus calificaciones y el material que tiene debidamente custodiado, como las actas, notas y ejercicios”.
Subraya, por otro lado, que “lo que está ocurriendo muestra que es necesario grabar las pruebas de interpretación, como se hace en otros países y como hemos venido exigiendo. Y no sólo no nos han escuchado, sino que encima ridiculizan nuestra propuesta”.
Acciones penales
La disolución de un tribunal de oposición es un hecho insólito que genera un precedente que no es tolerable. “Los poderes públicos deben sujetarse imperativamente a la ley”, recuerda Galvín. El equipo jurídico de CCOO está trabajando en el caso. “Tras lo conocido hasta el momento y de no anularse la aceptación de las renuncias y reconducirse la situación, emprenderemos acciones administrativas y penales en defensa del buen gobierno y del interés general”.
La portavoz sindical reitera que “no es posible que un cargo político disuelva un tribunal. Por razones de fuerza mayor -accidente, enfermedad grave de la mayoría de los miembros, recusación por causas legales- podría no seguir ejerciendo sus funciones. Pero entre las causas no se contemplan las divergencias en la valoración de los examinandos. Y, desde luego, no es lícito romper la baraja cuando el procedimiento selectivo están a punto de finalizar. Para CCOO las personas que opositan y que tanto esfuerzo dedican para superar las pruebas se merecen una consideración y un respeto que no hemos visto por parte de la Consejería”.
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