Sumando ‘likes’ restando libertades

Las redes sociales se han convertido en grandes plataformas cuyas bases de datos procesan y almacenan miles de datos, desde la fecha de nuestro nacimiento hasta el tiempo de uso de las mismas pasando por los perfiles más visitados y nuestras publicaciones preferidas. Dicha información es personal y relevante, tan relevante que a partir de dichos datos y por medio de algoritmos, puede llegar a generarse una aproximación de nuestras preferencias.

Las compañías propietarias de dichas redes sociales se benefician del potencial que pueden conseguir con un uso corporativo de estos datos a través de la publicidad. Compañías como Facebook dirigen esos espacios publicitarios a un público objetivo con determinadas características comunes, es lo que los expertos en publicidad y marketing han denominado como “publicidad segmentada”. Conocen nuestras preferencias, colocan esos anuncios en base a las mismas y se lucran por ello. Podríamos decir que dicho uso rozaría la ilegalidad.

Tampoco es novedad, en 2018 el mismísimo Mark Zuckerberg, creador de Facebook, compareció en el Senado de los Estados Unidos y pidió disculpas por el escándalo de Cambridge Analytica, la mayor filtración de datos de la historia. Dicha información sirvió a Cambridge Analytica para dirigir cierto contenido a determinadas personas y así alcanzar un posible objetivo político, a cambio de una retribución, todo ello con un trasfondo de poder.

Ó lo que es lo mismo sugestionar y manipular a una determinada audiencia. Este caso pareció establecer un punto de inflexión y concienciar a la población de la vulnerabilidad de sus datos recopilados por las redes sociales. Pero vemos que no fue suficiente. Hoy en día seguimos viendo vulnerados nuestros derechos en esta materia, no solo nuestra privacidad sobre la esfera del derecho a la intimidad, sino en otras parcelas como el derecho a la libertad de expresión, secreto de las comunicaciones y a la protección de nuestros datos personales. Todos ellos reconocidos y amparados por la Constitución Española. Además como bien refleja el artículo 53 de nuestro texto constituyente, estos derechos y libertades “vinculan a todos los poderes públicos”. Pero ¿está garantizado el libre ejercicio de dichos derechos y libertades en las redes sociales? ¿Están lo suficientemente protegidos? La respuesta es evidente…

Utilizamos las redes sociales a diario, con fines lucrativos, ociosos o informativos, ocupan un espacio en nuestras vidas. Han constituido una nueva forma de comunicación a través de canales en línea utilizando nuestros móviles, tablets y ordenadores como soporte. En definitiva, podríamos considerar que es una forma de expresión alternativa al medio físico y tangible en el que vivimos, ¿pero quien se encarga de garantizar el ejercicio de nuestros derechos y libertades en redes sociales?

Al parecer en las redes sociales más importantes propiedad de Facebook (WhatsApp, Twitter e Instagram) son el propio Facebook y sus verificadores, quienes tienen la función principal de evitar que se propague cierta información falsa en sus redes. “Protegiendo” de esta forma la seguridad del usuario. Tienen el poder de establecer que información es verdadera y que información es falsa a través de distintos medios de contraste de información. Tienen el poder de marginar dicha información con el fin de evitar los bulos y la desinformación, dado que su criterio es “objetivo e imparcial”. Hoy, su poder en las redes sociales propiedad de Facebook es tal que podría llegar a equipararse a una policía de la información o un “Ministerio de la verdad”.

¿A caso existe la objetividad absoluta de la que presumen? Nadie niega que se deban utilizar fuentes fidedignas, ni que en pleno siglo XXI no se bombardee a la población con información falsa, la cuestión es si no sería más adecuado dejar al margen a dichos verificadores. Tomarlos como medios de comunicación a los que poder acudir si se quiere. No como una autoridad de la información.

El problema reside en que se ha considerado el espacio social presente en Instagram, Facebook, WhatsApp ó Twitter como un medio de comunicación y no como lo que es, un foro de expresión. A pesar de que en Twitter, Instagram o Facebook decidimos si registrarnos en la aplicación o no, que perfiles seguir, si las publicaciones que compartimos pueden visualizarla o no determinados perfiles, no decidimos que publicaciones queremos ver primero, ni en que cantidad. Este contenido nos viene impuesto por un algoritmo matemático encargado de dirigir la audiencia en base a las interacciones, contenidos más populares… Es a través de estos algoritmos donde nace la censura. Puede llegar a manipularse a la población, mostrarse en mayor o menor medida un contenido. Verificadores como AFPEspaña, Maldito Bulo y Newtral tienen la potestad de intervenir que información percibimos o no en estas redes sociales. Pueden marginar cierto contenido en base a su propia calificación y revisión de los datos. Este procedimiento de verificación sería lógico en un medio de comunicación, pero no en una plataforma social que se ha convertido en un foro de expresión virtual y alternativo al medio físico y tangible en el que vivimos.

¿Que ocurriría si un Gobierno decidiese utilizar nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para identificar bulos y desinformaciones “susceptibles de generación de estrés social y desafección a instituciones del Gobierno”? ¿Y que pasaría si dicha información falsa fuese trasladada a un verificador de Facebook para que fuese eliminada reducida o etiquetada?

Lo cierto es que esta situación desafía el libre ejercicio de nuestros derechos y libertades. En pleno siglo XXI se ejerce la censura. Compañías como Facebook se amparan en su posición como Sociedad Anónima, para de esta forma mantener su hermetismo, control del poder y sus privilegios. Muchas personas justificarán las actuaciones de dichas compañías dueñas de estas plataformas y argumentarán: “eres libre de registrarte o no en una red social”. A lo que podríamos responder que también somos libres de no expresar nuestra opinión ante una injusticia y callarnos, pero ello no significa que debamos hacerlo.

Enunciaba Hobbes en El Leviatán: “quien tiene la información tiene el poder” Estar en posesión de nuestra información concede poder sobre nosotros al poseedor y es por ello que se debe velar por la protección de la misma y evitar que terceros “verificadores” puedan incidir sobre lo que percibimos. Solo los jueces y magistrados pueden limitar nuestros derechos y libertades básicos. No podemos ni debemos permitir que se lleven a cabo actuaciones abusivas contrarias a la ley y a los derechos fundamentales que tanto nos costó conquistar.

Eloy Sánchez Sánchez
Alumno de Derecho y Administración de empresas de la Universidad Carlos III de Madrid