Manuel Romeral, presidente de la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción, ha interpuesto una denuncia, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; Carmen Calvo, vicepresidenta primera del Gobierno; Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno; Nadia Calviño, vicepresidenta tercera del Gobierno; Teresa Ribera Rodríguez, vicepresidenta cuarta del Gobierno; Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social y diferentes directores y subdirectores del Servicio Público de Empleo.
El Gobierno ha dejado abandonadas a familias con niños, impidiendo que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos
Según la querella, a la que ha tenido acceso este medio, Romeral se considera víctima, junto a más ciudadanos españoles, de la actuación del Gobierno y demás responsables denunciados, al haber “obrado de mala fe y de forma temeraria contra los ciudadanos, familias y niños de este país dejándolos abandonados en una situación económica de pobreza y hambre, teniendo que solicitar ayudas a instituciones y ONGs para poder dar de comer a sus hijos, lo que vulgarmente se conoce como las colas del hambre que no se habían visto en España desde la guerra civil”.
Así, esta actuación del Ejecutivo socialcomunista ha impedido que “los ciudadanos puedan hacer uso de sus derechos para solicitar las prestaciones ofrecidas por el Servicio Público de Empleo”.
El Ejecutivo sacaba pecho por no dejar atrás a nadie y por otro lado se impedía el acceso a las ayudas
Además, el denunciante recuerda en su escrito que “durante los últimos meses el Gobierno se ha dedicado a anunciar a los ciudadanos miles y miles de millones de euros en ayudas con ERTES y despidos motivados por la pandemia del Covid-19, pero por otro lado se impedía a éstos el acceso a estas ayudas pues las oficinas del SEPE se encontraban cerradas, los servicios telemáticos sin servicio, así como los formularios de contacto o los servicios telefónicos, impidiendo a los ciudadanos solicitar dichas prestaciones por desempleo”.
Presuntos delitos por impedir deliberadamente el acceso a las ayudas
También, el presidente de la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción subraya que la conducta del presidente, Pedro Sánchez, y demás responsables puede ser “constitutiva de presuntos delitos contra la ciudadanía al impedir de forma deliberada que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos a las prestaciones, dejándoles en una situación de vulnerabilidad, propiciando la desprotección a los desempleados la pobreza o el hambre, incluso de niños”.
Interminables obstáculos para acceder a las solicitudes
Asimismo, Romeral desgrana la situación en la que han estado inmersos los servicios de Empleo, durante el Estado de Alarma con oficinas cerradas; servicios de Cita Previa presencial y virtual inoperativos, tanto telefónicos como telemáticos a través de la web o la sede electrónica del SEPE -presenta un justificante del intento -; teléfonos de contacto con atención automatizada informando que todos los operadores están ocupados continuamente o redirigiendo las llamadas a la Sede Electrónica “a pesar de saber que esta inoperativa”; formulario de contacto de la Sede Electrónica eliminado; formulario de consultas y sugerencias de la Sede Electrónica eliminado; servicios telemáticos de solicitud de prestaciones no operativos con el mismo mensaje de error para cualquier servicio que se demande: “Aviso: Su situación en prestaciones no le permite solicitar la opción elegida“ o aludiendo problemas técnicos permanentes; pre-solicitudes de prestación Individual donde se informa al ciudadano que el SEPE se pondrá en contacto con el interesado sin que esto se produzca y correos electrónicos sin contestar ni dar explicaciones de la situación. Aporta documentación de todas estas tesituras.
En este sentido, la denuncia apunta a que los servicios del SEPE están enfocados “clarísimamente a que la ciudadanía no pueda ponerse en contacto por ninguno de los medios disponibles para ejercer sus derechos solicitando las prestaciones pertinentes, el derecho a la información o simplemente el servicio de atención al ciudadano, infligiendo un daño irreparable a familias y niños sin recursos”.
Todas las “máquinas” no han podido estar fuera de servicio durante el Estado de Alarma
Sin embargo, desde la AECC comprenden la saturación de los funcionarios en la atención a los ciudadanos en los momentos de la pandemia, “pero lo que no podemos entender que tanto los servicios telefónicos o telemáticos estén fuera de servicio continuamente, son máquinas no funcionarios”, aseveran.
Por ello, Manuel Romeral se considera víctima de un delito, por lo que traslada al Tribunal Supremo toda la información recopilada instando a averiguar y aclarar estos hechos, así como determinar la responsabilidad de los mismos.
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