CCOO, UGT, CGT y STEM, convocantes de la huelga educativa de los días 22 y 23 recurrirán los servicios mínimos ‘por ser abusivos y vulnerar el derecho a la huelga’

Los sindicatos CCOO, UGT, CGT y STEM convocaron huelga educativa en Madrid para los días 22 y 23 de septiembre. En reunión mantenida esta mañana con la Consejería a fin de fijar los servicios mínimos de la misma se han encontrado con la imposición de unos servicios mínimos que jamás, desde que las competencias educativas se transfirieron a la Comunidad de Madrid, incluso desde que se estableció la democracia en España, se han exigido en una huelga.

La exigencia de que todos los centros docentes tengan un profesor/a por cada grupo de 20 alumnos o fracción, de 15 si se trata de un centro de Educación Especial, 12, 18, 20 o fracción para alumnos menores de un año, dos años y tres años, respectivamente, en Escuelas Infantiles supone, en la práctica, impedir el ejercicio del derecho de huelga a todo el personal de las citadas Escuelas Infantiles y al 90/95% del resto de etapas educativas.

A juicio de los sindicatos convocantes de la huelga es inadmisible y un ataque directo a dicho derecho fundamental, «a lo que se suma la ya citada circunstancia de que jamás se han exigido esta proporción de servicios mínimos y un agravio comparativo evidente con los establecidos en la huelga de otro sindicato que convocó huelga de centros educativos entre los días 10 y 30 de septiembre, a quien no se le intentó impedir el ejercicio de sus derechos a través de la imposición de unos abusivos servicios mínimos».

Las mismas fuentes sindicales entienden que la Consejería de Educación y Juventud, en representación del Gobierno Regional, debe dar marcha atrás y hacer propuestas que no imposibiliten el ejercicio del derecho a huelga, recogido en el art.º 28.2 de la Constitución, cuya consecuencia no va a facilitar la resolución del conflicto planteado y que, por el contrario, enconará las posiciones y abrirá la puerta a la toma de medidas que se consideran oportunas a fin de que los colectivos afectados, «cuya reivindicación fundamental es la defensa de un servicio público basado en la calidad, equidad y seguridad se preste en las condiciones idóneas para la sociedad, puedan ejercer los derechos que una país democrático exige».

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