Las estafas cibernéticas, un callejón sin salida y de casi imposible solución para los afectados

¿Quién no ha recibido un correo electrónico o llamada telefónica de dudosa procedencia donde se le ofrecían unas condiciones de venta de un bien aparentemente muy ventajosas para sus intereses? Si bien es cierto que en líneas generales la gran mayoría de receptores desechan rápidamente estos mensajes, no son precisamente pocas las personas que pican en el anzuelo y sin darse cuenta se sumergen de lleno en un embrollo pantanoso del que es verdaderamente complicado salir ileso. Estas son, en gran medida, trampas que se enmascaran bajo un eslogan llamativo o una publicidad engañosa y que conducen a una estafa que, de consumarse, es verdaderamente compleja de reclamar.

Y es que el cibercrimen goza en España de “una impunidad casi absoluta y los que cometen los delitos lo saben”. Así lo reconocía hace unas semanas en el diario ABC el teniente coronel de la Guardia Civil, Juan Sotomayor, la cabeza más visible del Departamento de Delitos Telemáticos de la Unidad Central Operativa (UCO) que además analizó lo negativa que es la situación actual respecto a este delito.

Una tendencia al alza

Otra de las reflexiones que dejó Juan Sotomayor en su charla con este medio de tirada nacional fue el crecimiento que está experimentando este ámbito delictivo en el último año. De hecho reconoce que “ningún otro delito está teniendo un crecimiento cercano al 40% anual como este”, algo que complementa con estadísticas del VII Informe sobre Cibercriminalidad del Ministerio del Interior, que además revela que un 95% de estos delitos quedan exentos de ser juzgados.

Para ilustrar esta tendencia al alza basta con revisar cuántos procedimientos se registraron en el año 2016, que fueron 92.716, y cuántos datan del año 2019, donde la cifra asciende hasta los 218.302 casos. Un crecimiento de un 135% de los ciberdelitos en poco menos de un lustro.

¿Qué puede hacer el afectado?

A pesar de que los datos son poco esperanzadores para los intereses de los afectados, la letrada especializada en derecho penal, Saray Contreras, explica cómo se ha de proceder en el caso de sufrir un ataque cibernético como este. Esta abogada del despacho madrileño Dexia Abogados revela que “si eres víctima de una estafa cibernética lo primero que debes hacer es ponerlo en conocimiento de las autoridades pertinentes, ya sea mediante una denuncia ante la Policía Nacional o Guardia Civil, o con una querella ante el Juzgado”.

Al dar este primer paso y a través de la denuncia o querella “se logrará que se inicie una investigación criminal para encontrar a los autores materiales de los delitos”. Igualmente, no sólo con esta medida basta, Saray Contreras añade que “en el caso de que utilicen tu tarjeta de crédito sin permiso, lo primero es llamar al banco y anularla y posteriormente denunciarlo”.

Otro consejo para facilitar la investigación del delito y tratar de favorecer la resolución con éxito del entuerto es “guardar todos los correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, números de teléfono que han contactado contigo, pantallazos de la página web implicada en la estafa…”. Ella recalca que “cualquier información puede ser clave para encontrar a los criminales”.

¿Hasta qué punto se puede hacer algo si el delincuente se encuentra fuera de España?

Uno de los principales problemas que se detectan a la hora de combatir la ciberdelincuencia es que muchos de los delincuentes se encuentran fuera de España. A este respecto, Saray Contreras aclara que “las estafas informáticas pueden cometerse fuera de España y ser competentes los Juzgados españoles por ser el lugar donde se comete el delito”. En cualquier caso reconoce que “existen discrepancias jurisprudenciales sobre este tema”.

A esto añade que “los investigadores de delitos telemáticos tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil tienen los medios necesarios para rastrear cualquier movimiento delictivo en la red por tener equipos, tanto materiales como humanos, muy preparados para ello”. Es más, si finalmente localizan al delincuente se pondría en marcha la Cooperación Jurídica Internacional con el fin de solucionar el caso.

Sin embargo, desde la propia Guardia Civil reconocen que en ocasiones estos intentos de combatir el cibercrimen son en balde debido a esas discrepancias que anteriormente mencionaba la letrada. De hecho, el propio Juan Sotomayor reconoce sin tapujos que no pueden luchar contra esta delincuencia “con este tipo de estructuras judiciales y con legislaciones ancladas en el terreno”. Por ello solicita públicamente “una jurisdicción propia del ciberespacio” que logre mejorar el panorama y aumente la eficacia de esos esfuerzos. Hasta que esto se logre, sólo queda incrementar la labor preventiva y concienciar a la población que tenga especial prudencia ante este tipo de anuncios o mensajes potencialmente engañosos.