La Coordinadora de Personal Público Temporal vuelve a reclamar al PSOE que cumpla las sentencias judiciales europeas

Nuevas concentraciones ante las sedes del partido de Pedro Sánchez para recordar, una vez más, la prevalencia del Derecho europeo, que permite la #FijezaYA para todo el personal en situación de presunto abuso

La Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal (CEPPT) ha vuelto a reclamar en la tarde del 12 de febrero al PSOE una “solución real y efectiva en concordancia con el Derecho de la Unión” para resolver el problema de las largas interinidades de los trabajadores y trabajadoras del sector público; una situación que afecta a unas 800.000 personas en todo el país.

Por segundo viernes consecutivo, representantes de la CEPPT se han concentrado esta tarde ante las sedes del partido de Pedro Sánchez , donde han entregado una misiva en la que exponen el rechazo de la Coordinadora a la convocatoria de concursos-oposición para resolver el problema de las contrataciones en fraude de ley.

Según desveló esta semana un representante socialista en un debate electoral organizado en Catalunya, esta es la fórmula del PSOE para solucionar la situación, contraviniendo de pleno la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) , que, en el caso de España, advierte sobre lo inadecuado de las convocatorias y pide la #FijezaYA para todo el personal en abuso.

El TJUE ha recordado ya hasta en tres ocasiones en menos de un año el camino a seguir para un Estado, como el español, que nunca ha traspuesto para el sector público la Directiva 1999/70/CE sobre trabajo de duración determinada. Por lo tanto, más de 20 años vulnerando el Derecho europeo. Primero fue con la Sentencia del pasado 19 de marzo de 2020; después, con el Auto de 30 de septiembre (asunto Gondomar) y ayer mismo, con una nueva Sentencia relativa a una cuestión prejudicial elevada por un tribunal griego.

Una y otra vez, el TJUE recuerda la prevalencia del Derecho europeo ante cualquier normativa nacional , e incluso por delante de un texto constitucional, en el caso de que un país miembro no haya previsto ninguna norma que prevenga y sancione el abuso en las contrataciones laborales. Este es el caso de España, cuyo Gobierno sigue sin trasponer la Directiva citada y con la convocatoria de concursos oposición deja en clara indefensión al personal afectado.

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