La presidenta en funciones y candidata a la investidura de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que el Gobierno regional blindará con una ley la autonomía fiscal de los tributos que gestiona ante la intención del Ejecutivo central de subir los impuestos de los madrileños.
Durante su intervención en la primera sesión del debate de investidura en la Asamblea de Madrid, Díaz Ayuso ha explicado que llevará a la Cámara madrileña una Ley de Defensa de la Autonomía Fiscal de la Comunidad de Madrid, tomando como referencia las competencias en esta materia que emanan de la Constitución Española y que permite que Madrid pueda decidir libremente su política fiscal sobre los tributos cedidos por el Estado.
Con esta iniciativa, en la que ya está trabajando la Consejería de Hacienda y Función Pública, Díaz Ayuso pretende impedir que el Gobierno de España y distintas fuerzas parlamentarias en el Congreso de los Diputados puedan imponer una mayor tributación a los contribuyentes madrileños en los impuestos de Sucesiones y Patrimonio.
La “armonización” fiscal al alza le costaría al bolsillo de los madrileños un total de 5.900 millones de euros, es decir, una media de 2.270 euros más por familia al año. De este modo, una herencia media en Madrid pasaría de pagar 22 euros a 2.200 euros, esto es cien veces más, en el caso de que se equiparase el impuesto de Sucesiones tal y como pretende el Ministerio de Hacienda.
Los contribuyentes madrileños se han ahorrado de media 16.500 euros en el pago de impuestos desde 2004, fecha en la que empezaron las sucesivas rebajas de impuestos de los distintos Gobiernos en la Comunidad. Esta política de impuestos bajos ha supuesto que la región sea la CCAA más competitiva a nivel fiscal,
aportando el 68% del total de los recursos del Fondo de Garantía del que se nutren los Servicios Públicos de todas las Administraciones regionales españolas.
AUTONOMÍA PROTEGIDA EN LA CONTITUCIÓN
Para defender esta autonomía fiscal, la Comunidad de Madrid destaca dos artículos de la Constitución: el 156 y el 157. El primero recoge que las Comunidades Autónomas “gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles”.
En cuanto al segundo, habla de los recursos con los que cuentan las comunidades, tales como “los impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado; recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado además de sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales”.
De cara a proteger la independencia de la Comunidad de Madrid en la gestión de los tributos que tiene cedidos, esta Ley pretende reforzar la vigencia y defensa de los principios constitucionales de la autonomía financiera de la Comunidad de Madrid como presupuesto necesario para el ejercicio de la autonomía política.
Lo quiere hacer en su doble vertiente: la autonomía fiscal, tanto para la determinación de los tributos propios como en el ejercicio de las competencias constitucionalmente atribuidas sobre los tributos cedidos del Estado; y la autonomía en el gasto, en cuanto a la cuantificación y distribución del mismo para el cumplimiento de sus objetivos, sin condicionamientos ni injerencias indebidas.
Asimismo, se persigue mejorar los derechos de los ciudadanos en su relación con la administración tributaria, con más transparencia e información y obligando a la Administración a identificar el destino concreto de los impuestos que pagan.
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