Desde el viernes 13 de agosto, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, dio órdenes para las devoluciones forzadas sin garantías de los más de 800 menores de edad que migraron a España el pasado mes de mayo desde Marruecos, “quebrantando la obligación legal que tiene el estado de proteger a todos los menores en situación de vulnerabilización, además de tratados internacionales en materia de migración, refugio y protección a la infancia”, explican una decena de colectivos y organizaciones antirracistas y defensoras de los derechos migrantes, que califican los hechos de “violación flagrante” y exijen a través de la campaña #MarlaskaDimision la renuncia del ministro del Interior por su responsabilidad directa en las irregularidades del proceso de expulsión que ya han señalado autoridades como el Defensor del Pueblo y la Audiencia Nacional, además de juristas y organizaciones defensoras de los derechos de la infancia, al tiempo que reclaman mediante un manifiesto la derogación del acuerdo entre España y Marruecos que contraría la obligación del estado español de proteger los derechos de la infancia migrante.
“Señalamos al Gobierno y a las autoridades de Ceuta como responsables de la violación de los derechos de la infancia, los Tratados Internacionales en esta materia y en materia migratoria, así como de las garantías jurídicas y la omisión de información a menores devueltos ilegalmente a Marruecos desde el 13 de agosto”, aseguran los colectivos antirracistas en el documento publicado hoy que además de la dimisión de Marlaska demanda la derogación de la Ley de Extranjería que, según reivindican, vulnera los derechos humanos y fundamentales de las personas migrantes, y las condena a una condición de irregularidad administrativa.
“No ha habido una investigación sobre las vergonzosas deportaciones a través de la valla durante el mes de mayo, ejecutadas por el Ejército español. Estas vulneraciones de derechos hacia la infancia y adolescencia migrante no pueden quedar impunes, deben ser condenadas y asumidas las consecuencias de lo que ellos llaman ‘errores y fallos’, sentenciaron en el comunicado donde indican que pese a su carrera judicial, Grande Marlaska actúa contrariando sus competencias y atentado abiertamente contra el derecho a la vida, a la movilidad y contra los derechos de la infancia.
La ley marca que ningún menor de edad puede ser enviado de vuelta al país desde el que migró sin haber realizado una entrevista individual y haberse generado un informe por caso que estudie su situación de vulnerabilidad. En virtud de este incumplimiento, el Defensor del Pueblo hizo la exhortación al citado ministerio de “respetar la ley vigente” y la Audiencia Nacional decidió paralizar la expulsión de las y los jóvenes al tiempo que solicitó a Interior el esclarecimiento de los procedimientos.
Asimismo, la ONU se sumó a través de la petición de paralización de las devoluciones de al menos 10 de los menores que estaban albergados en condiciones de hacinamiento en el campamento de Santa Amelia, en Ceuta.
“Exigimos un posicionamiento firme y claro por parte de las fuerzas democráticas de izquierda rechazando tal vulneración de los derechos humanos y depuración de responsabilidades y estableciendo medios para la inmediata investigación y reparación a las y los menores afectados, así como la paralización de todas las posibles deportaciones en trámite de los menores a Marruecos”, concluye el manifiesto.
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