Manifiesto por la Universidad Pública

La Universidad Pública está en juego. La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y
la Ley de Convivencia Universitaria (LCU) culminan una reforma elitista y que añade
barreras a la educación superior. La pandemia y posterior crisis ha agravado muchos de
los problemas que la Universidad arrastra desde hace tiempo y, en ese contexto, el
proyecto de reforma universitaria parece que no va a tratar de resolverlos, sino
agravarlos. Ante un Gobierno que no pretende avanzar hacia una Universidad pública,
gratuita, y al servicio de la mayoría social solo cabe que las reivindicaciones de la
Comunidad Universitaria en su conjunto se hagan escuchar.

Nos merecemos una Universidad que no expulse al estudiantado por su capacidad
socioeconómica. Las consecuencias del “tasazo” de Wert siguen sin remediarse,
teniendo que pagar matrículas abusivas que muchas familias no se pueden permitir y,
además, con un sistema de sobrecoste de las matrículas sucesivas que sólo supone
mayores barreras para aquellas familias trabajadoras con condiciones económicas más
bajas. Unido a esto, el sistema de becas y ayudas al estudio es completamente
insuficiente en cantidad y extensión para cubrir las necesidades del estudiantado, y llega
demasiado tarde, fallando a su propósito original. Ante todo esto, es necesario alcanzar
la gratuidad total de los estudios universitarios y los servicios adyacentes a estos, así
como un sistema de becas garantista que iguale las condiciones de acceso del
estudiantado.

Nos merecemos una Universidad que dignifique la labor del personal de administración
y servicios y del personal docente e investigador. Se debe garantizar la estabilidad
laboral y mejorar las condiciones de la carrera académica y profesional, eliminando, en
primera instancia, la tasa de reposición y facilitando los criterios de promoción dentro de
la universidad. La falta de personal, junto a la infrafinanciación universitaria, supone una
gran carga de trabajo que no permite desarrollar las labores de docencia e investigación
de manera satisfactoria. Asimismo, al colectivo de trabajadoras y trabajadores
predoctorales se les debe garantizar una remuneración adecuada y reconocerles
derechos como la indemnización por finalización de contrato predoctoral.

Nos merecemos una Universidad que escuche a su estudiantado. El colectivo
mayoritario de la universidad, debe tener una representatividad y poder determinantes
en la toma de decisiones. Se debe tener en cuenta su opinión de manera efectiva al
mismo nivel que el resto de colectivos y que sus posturas no se vean menospreciadas ni
infravaloradas por el hecho de ser estudiantes.

Y, sobre todo, nos merecemos una universidad en la que podamos aprender y participar
más allá de las aulas. Una universidad que no se articule en base a intereses privados,
que a la vez que aumenta la presencia de empresas en la universidad pública nos
convierte, cada vez más, en mano de obra precaria, siendo los títulos duales o la falta de
regulación de las prácticas académicas ejemplos de ello.

Merecemos una universidad que refuerce nuestros derechos, en la que dispongamos de
facilidades y se ponga en el centro una formación integral, multicultural y transversal del
estudiantado. A su vez, la Universidad supone mucho más que ir a clase, y la vida
universitaria debe ser uno de los pilares fundamentales de esta, para lo que son
imprescindibles espacios y oportunidades de socialización libres y alejados de la
dependencia de agentes externos.

La reforma universitaria que reivindicamos debe lograr estos objetivos, garantizando que
la comunidad universitaria pueda realmente participar y que sus decisiones sean tenidas
en cuenta de manera vinculante. Asimismo, gobierno y partidos políticos deben respetar
los consensos a los que llegan los diferentes colectivos de la universidad y trabajar para
ellos, dejando a un lado intereses particulares que dan pie a negociar con la educación
superior como un bien de mercado, como ha ocurrido con la auto-enmienda presentada
a la Ley de Convivencia Universitaria, en la que de manera oportunista se han priorizado
los intereses de partido frente a la protección y reconocimiento de derechos y garantías
para los estudiantes. Sin embargo, alcanzar estos objetivos es un horizonte lejano si del
Gobierno depende, ya que los proyectos de leyes presentados son un ataque claro a la
Universidad y a sus integrantes, especialmente al estudiantado, por lo que no podemos
permitir que salgan adelante.

La importancia de este día radica en reivindicar una universidad que gire en torno al
estudiante y la comunidad universitaria en su conjunto, en la que esta sea realmente
partícipe en la toma de decisiones: una universidad pública, gratuita, democrática y de
calidad. Que el estudiante tenga la oportunidad de acceder, permanecer y crecer en una
universidad sin barreras socioeconómicas, que garantice la igualdad real de
oportunidades. Una universidad cuyo profesorado disponga de las mejores herramientas
para ejercer la docencia, investigación y transferencia, siempre en función del interés
social, que no empresarial. Y, sobre todo, que blinde los derechos del estudiantado
universitario y que garantice la participación estudiantil en la toma de decisiones.

Es por ello que nos manifestaremos el 18 de noviembre. Lo hacemos para exigir que se
nos respete y escuche, para exigir que toda reforma universitaria se sitúe en el camino
de avanzar en derechos y garantías para el conjunto del estudiantado y la comunidad
universitaria, y, en definitiva, para reivindicar la Universidad que nos merecemos.


Estudiantes en Movimiento
CREUP
Frente de Estudiantes

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