El Partido Animalista PACMA ha interpuesto una denuncia a la Comunidad de Madrid por la captura de cotorras con métodos presuntamente ilegales como redes abatibles y de cañón. El pasado mes de abril, un vídeo de una mujer reclamando por el trato a varias aves fatalmente enredadas en una red abatible corrió como la pólvora por Internet. En las imágenes se podían apreciar cotorras y palomas atrapadas y quejándose, y se desconoce si podría haber más especies afectadas.
Si bien en el pliego de descargo del servicio de control de cotorras adjudicado a la empresa Matinsa – Dycsa se especifica como «permitido» el uso de estas redes, lo cierto es que, desde PACMA, aseguran que es ilegal según el Anexo VII (procedimientos para la captura o muerte de animales que quedan prohibidos) de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Esta Ley explica que los métodos «masivos o no selectivos» no están permitidos, al igual que el uso de animales ciegos o mutilados utilizados como reclamos, grabadores y magnetófonos, aparatos electrocutantes, o dispositivos eléctricos y electrónicos que puedan matar o aturdir. Tampoco se pueden utilizar fuentes luminosas artificiales, espejos, dispositivos para iluminar los blancos, dispositivos de visor que incluyan un convertidor de imagen o un amplificador de imagen electrónico para tiro nocturno, armas semiautomáticas o automáticas cuyo cargador pueda contener más de dos cartuchos, trampas no selectivas en su principio o en sus condiciones de empleo tales como redes, lazos (solo para aves), cepos, trampas-cepo, venenos, cebos envenenados o tranquilizantes. Están prohibidas las ligas, los explosivos, la asfixia con gas o humo, y el uso de ballestas y anzuelos (salvo para el ejercicio de la pesca).
El Partido Animalista ha reclamado en múltiples ocasiones a la Comunidad de Madrid lo que considera una «gestión nefasta y violenta» de las poblaciones de cotorra argentina, y criticado las «ingentes» cantidades de dinero (más de 3 millones de euros) que la administración ha invertido, entre otras cosas, en «matarlas a tiros». En 2020 entregó más de 30.000 firmas de ciudadanos pidiendo que se parase el exterminio de estos animales, velando por que se optase por métodos no crueles, como la esterilización, y aportando para ello un informe veterinario y otro jurídico que explicaba la viabilidad del proyecto.
Sin embargo, hace algunas semanas se aprobó un nuevo presupuesto para reforzar su «eliminación» que asciende a 350.000 euros.
Desde PACMA sostienen que seguirán trabajando por concienciar a la ciudadanía sobre el uso de métodos éticos cuando sea necesario realizar controles poblacionales de animales, y estableciendo la vía legal con las instituciones cuando sea preciso. Explican que, desde la administración madrileña, no solo están quitando la vida de forma violenta a las cotorras, sino que, además, están afectado a otras especies con métodos de captura que no discriminan.
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