El PSOE exige rescindir el contrato del Valle de las Cañas por los reiterados incumplimientos de la empresa

En 2008, terminado el Polideportivo Valle de las Cañas, que costó a las arcas municipales 23 millones de euros, se firmó el contrato para su gestión con la empresa Grand Slam SL. Un contrato ampliamente beneficioso para la empresa que incluía la obligatoriedad de realizar un conjunto de inversiones en obras e instalaciones de más de 3 millones de euros.

15 años después no se ha hecho nada, según explica la concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Pozuelo Ana Hernández, quien ha denunciado: “entre estas inversiones estaban incluidas unas piscinas al aire libre, que debían dar servicio en verano a las familias de Pozuelo Pueblo que no cuentan con piscina propia. Además, debían construirse unos vestuarios y un restaurante. Sin embargo, la empresa gestora no ha hecho nada y los sucesivos gobiernos locales del PP se han lavado las manos”.

Hernández ha señalado que “la empresa no cumple con la ciudadanía de Pozuelo y desde el Ayuntamiento se ha fracasado en la defensa de los intereses de los vecinos y las vecinas. No solo eso, sino que con la excusa de la pandemia y de las pérdidas económicas que la empresa pudo sufrir, se le otorgó una ayuda de 247.000€. Parece que no cumplir con lo acordado, incluso, nos sale caro a los y las contribuyentes”.

Además, ahora se ha tenido conocimiento de la decisión de la empresa de desmantelar el campo de baloncesto y voleibol para la instalación de 6 canchas de pádel. Sobre esto, desde el PSOE de Pozuelo comentan que “estos cambios en las instalaciones, contrarios a lo establecido en el contrato, no cuentan con el permiso del Ayuntamiento y, sin embargo, se han llevado a cabo. Una vez más, la empresa está tensando la cuerda. ¿Qué va a hacer el Gobierno local? ¿Van a romper el contrato por los incumplimientos o van a continuar sin hacer nada?”

Para finalizar, Ana Hernández ha exigido a los responsables del Partido Popular que “asuman su responsabilidad y exijan a la empresa que cumpla lo establecido en el contrato o pongan fin al mismo. De no hacerlo, dejarán clara su incapacidad para gestionar en beneficio de los vecinos y vecinas”.