Durante el Estado de Alarma consecuencia del COVID-19, estamos viviendo situaciones nuevas y, sobre todo, muy complejas con un fuerte impacto en el ámbito económico, laboral, sanitario y psicológico. Es un momento de incertidumbre y de adaptación a un contexto nuevo, de confinamiento y restricciones. En mayor o menor medida, todos nos estamos viendo afectados, sin embargo, hay colectivos que están sufriendo un impacto mayor del que es difícil medir las consecuencias, uno de ellos es el de las trabajadoras del sexo.
La prostitución en España se encuentra en el limbo legal, no está regulado y, por lo tanto, la situación está poniendo a estas mujeres en una situación límite en la que se sienten desprotegidas y abandonadas. Durante los meses de marzo y abril, la gran mayoría dejó de recibir clientes aunque ha habido chicas que han continuado ejerciendo.
La alternativa o medio de subsistencia en el sexo de pago ha sido la videollamada, entre 15 o 20 minutos en los que realizan un servicio muy diferente al que acostumbraban por 20€ o 30€. Ha sido la opción más responsable tanto por parte de las prostitutas como de los clientes, no obstante, la fuerte disminución de la demanda y la diferencia entre los ingresos que tenían y los que obtienen ahora con la videollamada, las pone en una situación delicada.
Cómo afectan los cambios de fase
Durante los meses de marzo y abril, ha habido un parón en la demanda de sexo de pago aunque hay clientes que no han respetado la cuarentena y han continuado buscando chicas y teniendo encuentros. Sin embargo, en el mes de mayo se está produciendo una reactivación de la actividad, y es que con los cambios de fase y el levantamiento de ciertas restricciones, muchos clientes han optado por saltarse las restricciones a pesar de ser una actividad de riesgo por la implicación de contacto físico.
Aquellas prostitutas que gozan de una mayor solvencia económica, pueden permitirse continuar sin trabajar hasta que exista una mayor seguridad para la práctica sexual. Sin embargo, no es el caso de la mayoría, que han tenido que volver a ofrecer sus servicios buscando la manera de protegerse dentro de las circunstancias. Algunas de estas medidas están siendo ofrecer servicios de masajes con mascarilla, evitar los besos o las posturas cara a cara además de la obligación de desinfectarse previamente con gel hidroalcohólico. Precauciones que parecen insuficientes para una actividad que, a pesar de suponer entre un 0,35% y un 2,3% del PIB, continúa siendo alegal y protagonista de multitud de debates.
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