El pasado viernes 12 de agosto, el Boletín Oficial del Estado publicaba tres resoluciones de la Secretaría de Estado de Energía, relativas al sector eléctrico:
– Una, del 2 de agosto, por la que se establece el procedimiento de cálculo de los costes reales para la realización de la liquidación definitiva anual del año 2013.
– Otras dos, del 5 de agosto, relativas a la gestión de la demanda de interrumpibilidad y las reglas de procedimiento de subastas para su adjudicación.
La primera de estas dos últimas resoluciones (la resolución por la que se modifica el Procedimiento de Operación 15.2 “Servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad”) en concreto, modifica una normativa sobre gestión de la interrumpibilidad, cambiando los requisitos de los proveedores de la interrumpibilidad eléctrica, es decir, las grandes industrias electrointensivas, a la hora de llevar a cabo las órdenes de ejecución de potencia de sus plantas.
Tal y como resulta de la modificación, el nuevo procedimiento es discriminatorio hacia las industrias con plantas de autoconsumo frente a las que poseen alguna planta asociada, al autorizar a estas últimas un desvío de hasta el 5% durante la ejecución de una orden de reducción de potencia.
El servicio de interrumpibilidad consiste en un pago a los grandes consumidores de luz, a cambio de detener su actividad en momentos en los que exista saturación en el sistema eléctrico. Para asignar la interrumpibilidad, la reforma energética del Partido Popular recoge la creación de un sistema de subastas, en las que las empresas pujan por bloques de megavatios a un menor precio eléctrico, a cambio de ofrecerse a recortar su consumo si así se lo pide el operador del sistema.
De este modo, el Gobierno sigue premiando a los grandes consumidores (las grandes industrias multinacionales), frente a los que generan ahorro con el autoconsumo, se lamentan desde Equo.
Además, es necesario recalcar que ha sido un Gobierno en funciones, mediante una resolución de la Secretaría de Estado de Energía, quien ha realizado esta modificación, un viernes de pleno mes de agosto.
Esta decisión es sólo la puntilla de una política energética del Gobierno, basada en las trabas al desarrollo de las renovables, el boicot al autoconsumo y el beneficio al oligopolio energético. Y confirma la incapacidad del actual secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, para ocuparse de un hipotético Ministerio de Energía y Medio Ambiente.
Frente a ello, desde Equo su coportavoz, Juan López de Uralde, ha declarado: “Consideramos urgente el desarrollo de una política energética sólida, basada en una transición energética hacia un modelo 100% renovable, que garantice un acceso democrático, la generación de empleos de calidad y el cuidado del entorno. El cambio de modelo energético es clave para abordar una crisis que no sólo es económica, sino que tiene que ver con el encarecimiento de los recursos energéticos y materiales y con un modelo social y económico que choca frontalmente con los límites ambientales y ecológicos del planeta”.
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