En el último Pleno del Ayuntamiento se ha aprobado una moción del PP, con el apoyo de Ciudadanos, en defensa de la enseñanza privada concertada como supuesta “garantía para el desarrollo del derecho fundamental a la libertad de enseñanza y de elección de centro educativo”. Ni una palabra del derecho universal a la educación en igualdad de condiciones, que es lo que tienen que garantizar constitucionalmente los poderes públicos, a través de una planificación educativa de las plazas escolares acorde con las necesidades de la población.
Para el PP (y al parecer también para C’s) la educación, más que un derecho fundamental, es una mercancía, sometida a la ley de la oferta y la demanda. Y las preferencias e intereses de particulares, que denominan eufemísticamente “demanda social” y “libertad de enseñanza” deben primar, según su criterio, a la hora de ofertar un puesto escolar “sostenido con fondos públicos” a toda la población. Es decir, para PP y C’s la educación forma parte del mercado y debe someterse a su lógica, pero con la peculiaridad de que ese mercadeo, según sus postulados, se debería financiar con el dinero de todos.
Semejante planteamiento desprecia olímpicamente las desiguales condiciones de partida de quienes pueden y deben ejercer el derecho a una educación de calidad en condiciones de igualdad. Más bien se trata de lo contrario: de reproducir y afianzar las desigualdades sociales existentes mediante un sistema educativo que cuente con centros privados y privados concertados para un sector de la población que puede “elegirlos”, si dispone de medios para ello; y por otra parte una red de centros públicos para el resto. El resultado ya lo conocemos: segregación escolar a costa del erario público.
Resulta bastante sorprendente, por otra parte, que alguien pueda pensar que aquí en Majadahonda la enseñanza concertada necesite un apoyo mayor que el que ha tenido y tiene desde hace muchos años. A los últimos colegios concertados, S. Jaime y Caude, el gobierno del PP les cedió durante 50 años dos valiosísimas parcelas para construir sus centros educativos y montar sus respectivos negocios en Valle de la Oliva y Los Negrillos. En este último caso con la intervención de Alfedel, la empresa de la trama Púnica que cobraba como mínimo 900.000 € de comisión por cada colegio concertado que conseguía.
Además, durante años y años, el gobierno del PP no ha cobrado el IBI correspondiente a los colegios concertados, asociado a la parte del edificio donde no se imparten enseñanzas concertadas, o sea, donde prima el afán de lucro puro y duro. Y como remate, desde el año 2003 se aplica en toda la Comunidad de Madrid el cheque- guardería, que oscila entre 100 y 160 euros, y contribuye a subvencionar plazas escolares de 0 a 3 años en centros privados, en lugar de dedicar esos recursos a incrementar la red pública de escuelas infantiles.
Lo cierto es que, en contraste con este apoyo a la enseñanza privada concertada, tanto el gobierno del PP de Majadahonda como el de la Comunidad han maltratado a la enseñanza pública. Narciso de Foxá decidió arbitrariamente suprimir el primitivo.
Plataforma en Defensa de la Educación Pública en Majadahonda y Asociación de Vecinos del Municipio de Majadahonda
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