El Ayuntamiento de Torrelodones ha tenido que celebrar con carácter de urgencia un Pleno extraordinario para abordar la actividad irregular de su anterior concejal de urbanismo y medio ambiente y evitar un perjuicio patrimonial de más de 100.000€ a las arcas municipales, según han informado hoy desde el Grupo Popular de dicho Consistorio municipal.
Los hechos se remontan al 19 de marzo de 2019 cuando poco antes de su salida del Ayuntamiento, el concejal de urbanismo Santiago Fernández, esposo de la actual jefa de gabinete del ministro Escrivá y anterior alcaldesa de Torrelodones, dictó una resolución para devolver el importe de un aval que había sido ejecutado por incumplimiento de un proveedor. El polémico concejal de Urbanismo, abanderado de la eliminación de las puertas giratorias y ahora analista de la AIREF, basó su actuación en un sorpresivo informe de un técnico de su departamento que, pese a reconocer que no se habían ejecutado correctamente las obras de un muro de contención en la zona de los Bomberos, recomienda la devolución de un aval de más de 100.000€. El concejal utiliza dicha recomendación para proceder a la devolución del citado importe pese a la existencia de dos sentencias que obligaban al Ayuntamiento a NO DEVOLVER el aval a la empresa constructora.
El informe del secretario municipal contra la actuación de este concejal es demoledor:
“Pese a esta sentencia, consentida y firme, y pese a que el aval ha sido ejecutado en fecha 18 de agosto de 2014, mediante resolución de la Concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente nº 368/2019 firmada digitalmente el 19 de marzo de 2019, se acuerda la devolución del aval a Destajos, S.A.”
“La falta de la fiscalización preceptiva del Interventor Municipal consiste en un quebrantamiento de la normativa aplicable, que conlleva la posibilidad de anular el acto administrativo, ya que esta omisión afecta de manera directa a la finalidad del acto. Esta ausencia de trámite tiene un efecto transcendente en el expediente por cuanto permite que se adopte un acuerdo que contraviene el ordenamiento jurídico y provoca graves daños a la administración pública, pues se acuerda devolver un aval que ya ha sido ejecutado y, además, correctamente según las sentencias mencionadas.”
No es la primera vez que el citado concejal utiliza convenientes y polémicos informes realizados por técnicos de su dependencia para justificar sus actuaciones, según explican los populares.
La declaración de lesividad es un instrumento contemplado por la ley para que los Ayuntamientos y el resto de administraciones públicas puedan anular aquellos actos dictados por sí mismos que perjudiquen al interés público.
“Este es un nuevo capítulo de la herencia recibida de sus compañeros de partido por el nuevo equipo de gobierno, que se suma a los de la gestión de recogida de basuras, la inacabable obra de la Caja de Cultura, la detención de las obras de Prado Grande, el campo de rugby no homologable, la pista de atletismo que no se sabe manejar, el plan de reducción de CO2 que quedó en nada, el cambio de criterio en la gestión de fauna salvaje y el PGOU paralizado desde hace años. Desde el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Torrelodones exigimos que el Ayuntamiento depure responsabilidades y llegue a las últimas consecuencias frente al perjuicio que este concejal ha ocasionado al Ayuntamiento”, concluyen los populares.
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