El equipo de TÚpatria y su presidenta han presentado dos quejas ante el defensor del pueblo para denunciar los atropellos y agravios contra los ciudadanos españoles “por parte de este gobierno socialcomunista, ambas, según nuestra forma de ver, contraria a las leyes y a la Constitución”.
La primera se refiere a la siniestra Ley Celaá que no garantiza la enseñanza de la lengua vehicular del español en todas las regiones de España (al contrario, la elimina de facto, dejando sin posibilidad de elección), “así como otras tropelías que perpetra esta aberrante Ley, como la progresiva eliminación de colegios especiales para niños con discapacidad y el acoso y derribo de la educación concertada que impedirá en un futuro a los padres elegir centro de estudios”, indican desde el colectivo en relación con el primero los escritos presentados ante el Defensor del Pueblo.
La segunda queja se refiere a los sufridos y castigados autónomos, emprendedores y empresarios, con impuestos injustos que el gobierno que les ha seguido aplicando, a pesar de no tener ingresos, o casi nulos, durante los tres meses seguidos que duró el estado de alarma y de los que pedimos sean eximidos por tener carácter confiscatorio tras obligarles a cerrar sus establecimientos por la pandemia, y arruinar muchos de sus negocios, “que no olvidemos, son los que realmente crean puestos de trabajo y hacen funcionar la economía. Nuestra formación política va a defender y apoyar a las personas que trabajan y a los emprendedores que son la base de la economía de nuestro amado país, que son los creadores de riqueza y empleo”, subrayan desde TÚpatria.
Ante los motivos expuestos anteriormente, “y para defender los derechos y libertades de todos los españoles de los ataques de nuestros gobernantes”, desde TÚpatria han pedido al Defensor del pueblo lo siguiente:
-Para la ley Celaá, pedir el pertinente recurso de inconstitucionalidad y/o de recurso de amparo, cualquier informe y/o acto administrativo e investigación sobre esta ley de educación.
-Para la defensa de los autónomos, empresarios y emprendedores, la intervención del Defensor del Pueblo pidiendo el pertinente recurso de inconstitucionalidad y/o de recurso de amparo, cualquier informe y/o acto administrativo e investigación para revisar el cobro de los impuestos a pesar de tener ingresos 0, pidiendo que sean eximidos, por su carácter confiscatorio.
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