Galapagar vota este jueves una moratoria a la implantación del 5G

IU presenta una proposición pionera en la Comunidad de Madrid. Lo hace a instancias de la Asociación Ítaca, que forma parte de la FRAVM. Además de la moratoria, la moción incluye la creación de una ordenanza que regule las instalaciones radioeléctricas del municipio así como transparencia en “la posible ubicación de todas las antenas 5G (antenas y celdillas) que se pretenden instalar”

Imagen: Mohamed Hassan

Este jueves Izquierda Unida, a instancias de la Asociación Ítaca, uno de los colectivos de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), presentará en el pleno del Ayuntamiento de Galapagar una proposición de moratoria de implantación de la red 5G en el municipio, un hecho pionero en la Comunidad de Madrid. IU, recogiendo la invitación a presentar mociones en toda España que hizo pública a principios de este mes la Coordinadora Estatal por la Moratoria del 5G, ha registrado un escrito en el que solicita que “se paralice de manera inmediata e indefinida la implementación de la Tecnología 5G en Galapagar hasta que se obtengan los resultados” de un estudio sobre los efectos de sus radiofrecuencias en el ser humano y el medio ambiente que, a instancias del Gobierno central, “debería ser elaborado por un organismo independiente”. La coordinadora ciudadana, un espacio en el que participa la FRAVM y otros colectivos como Ecologistas en Acción, que también apoya la iniciativa municipal de mañana, sostiene que en la puesta en marcha del 5G debe primar el llamado Principio de Precaución (artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea) hasta que se demuestre su inocuidad para la salud y el medio ambiente. Cerca de un millar de organizaciones vecinales, ecologistas, educativas, de consumidores y de personas electro y químico sensibles de toda España ya se han sumado a este llamamiento.

De igual forma, a través de mociones similares a la que se votará mañana en Galapagar, los ayuntamientos de Totana (Murcia), Durango y Elorrio (Vizcaya) han aprobado una moratoria del 5G para sus localidades. La presentación de la proposición de IU-Galapagar debería servir, como mínimo, para abrir un debate democrático que está siendo secuestrado por las operadoras y otros agentes.

Además de la moratoria, el texto que esta formación defenderá en el pleno incluye un “compromiso de información a la ciudadanía con total transparencia sobre la posible ubicación de todas las antenas 5G (antenas y celdillas) que se pretenden instalar, desde el momento en que se dispongan de los Proyectos y Planos de instalación de las mismas”, así como la “redacción de una ordenanza reguladora de todas las instalaciones radioeléctricas pertenecientes a las redes de telecomunicaciones del municipio”. El pleno podrá seguirse a través del siguiente enlace: https://www.youtube.com/user/GalapagarTV

Para su iniciativa, IU ha recogido las partes más notables del modelo de moción que la Coordinadora Estatal por la Moratoria del 5G difundió el pasado 5 de marzo. Este recuerda los llamamientos de instituciones y expertos que apelan a una evaluación de las afecciones del 5G en ámbitos como la salud, el medio ambiente, el clima y la energía. Si en el Estado español el Defensor del Pueblo ha cuestionado que el Plan Nacional del 5G y sus proyectos pilotos no atienda al Principio de Precaución ni a la evaluación ambiental, en países como Francia su Convención Ciudadana por el Clima ha reclamado la moratoria de su implementación “a la espera de los resultados de la evaluación del 5G en el ámbito de la salud y del clima”, mientras su Alto Consejo para el Clima alertó en diciembre del 2020 del fuerte e insostenible impacto energético y climático de dicha tecnología, que no contaba con una evaluación ni debate previo.

En su petición a los ayuntamientos, la coordinadora expone los datos e informes que apuntan que este proceso de digitalización, de despliegue del 5G y del Internet de las cosas aumentan exponencialmente la exposición a las radiofrecuencias, las emisiones de CO2 y el consumo energético, el extractivismo minero, la obsolescencia tecnológica y el hiperconsumismo, la insostenible y contaminante agro-ganadería intensiva en su versión 4.0, la vigilancia y control social, la dependencia tecnológica y las conductas adictivas, los desechos electrónicos terrestres y espaciales, así como compromete la predicción meteorológica y climática y el estudio astronómico.

Además, recuerda que, lejos de ser inmaterial, las emisiones de gases de efecto invernadero del sector digital convencional en 2019 ya doblaron las que tenía el transporte aéreo civil, y tienen una previsión de alcanzar el 8% en 2025 y el 14% en 2040, al tiempo que diferentes expertos consideran que con la tecnología 5G y su Internet de las Cosas (previsión de 1 millón de dispositivos conectados por km2) aumentarían “drásticamente las emisiones globales de gases invernadero más allá de las proyecciones” de los estudios hoy conocidos, sustentados solo en las Tecnologías de la Información y de la Comunicación convencionales. En esa línea, empresas tecnológicas como Vertiv, nos muestran que la red 5G podría aumentar el consumo energético total de la red entre un 150% y un 170% en 2026. Técnicos como los del Grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas de la Universidad de Valladolid, muestran que mantener o aumentar los actuales consumos energéticos como los actuales no se podrían paliar con un uso de energía 100% renovable sin traspasar “los límites biofísicos del planeta”.

Por otro lado, la coordinadora asegura que con el argumento de reducir la brecha digital, se aumentaría una brecha social en detrimento de extender otras tecnologías biocompatibles (igual o más rápidas y más seguras, como el cable de fibra óptica), y de otros modelos de consumo, educación y convivencia, como las basadas en redes comunitarias.

La red ciudadana también solicita a los ayuntamientos que rechacen el Anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones, ya que deja sin competencias en este ámbito a las administraciones autonómicas y locales, no evalúa sus impactos (en la salud pública y el medio ambiente), no atiende al principio de transparencia, ni a los posibles conflictos de interés. Además, incumple los derechos de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia ambiental.

En definitiva, como va a hacer mañana IU, la coordinadora estatal persigue abrir en los ayuntamientos un debate plural previo al despliegue del 5G, ya que considera “dicho debate secuestrado y actualmente condicionado por los planes de estímulo europeos del plan Next Generation EU”. De hecho, critica que estos fondos “estén comprometidos a un proceso acrítico de esta implantación tecnológica, auspiciada y maquillada por el Foro Económico Mundial como “inocua”, “verde” e “inmaterial”, benefactora del planeta y de la humanidad”.

La coordinadora se ha sumado a la movilización que reclama la participación social en la toma de decisiones sobre el reparto de los Fondos de Recuperación Económica Next Generation EU, una iniciativa que “cuestiona que estos fondos vayan a parar a las mismas empresas y sectores industriales relacionados con la grave crisis climática y eco-social que padecemos actualmente”.

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