La querella interpuesta por la asociación “PLATAFORMA DE INTERINS/ES DE CATALUNYA” (PIC)1, contra la secretaria de Administración y Función Pública y la directora general de Función Pública de la Generalitat de Cataluña por un presunto delito de prevaricación administrativa, ha sido admitida por el Juzgado de Instrucción 9 de Barcelona.
“A la vista de las graves injusticias que estaban acaeciendo en sede administrativa”, según la PIC, ésta encargó, a principios de este año, la realización de un Dictamen jurídico al despacho de abogados Maluenda Penal sobre la valoración jurídico-penal de las conductas que estaban teniendo lugar en la Administración Pública catalana con respecto a los procesos de estabilización y consolidación de personal (PESCO).
Siendo las conclusiones del mismo favorables para interponer acciones penales, la PIC interpuso querella ante los Juzgados de Barcelona por un presunto delito de prevaricación administrativa contra contra Annabel Marcos, secretaria de Administración y Función Pública de la Generalitat de Cataluña, y contra Pilar Sorribas, directora general de Función Pública – Departamento de Políticas Digitales y Administración Pública de la Generalitat de Cataluña.
Los hechos objeto de denuncia se refieren a la conducta de las querelladas, quienes, actuando en contra del ordenamiento interno y europeo continuaron con la tramitación de ciertas convocatorias de concursos selectivos enmarcados en los procesos selectivos PESCO, omitiendo revocarlos en vía administrativa cuando venían obligadas a ello, sabiendo que dichas convocatorias eran ilícitas. Con ello sabían que estaban vulnerando los derechos de todos los trabajadores interinos, quienes les advirtieron de la gravedad de su conducta en distintos foros.
En este sentido, por todos los medios posibles a su alcance, la PIC ha intentado que la Administración de la Generalitat de Cataluña dé cumplimiento al derecho interno y comunitario, llegando incluso a participar en la promoción de la Proposición de Ley, del Parlamento catalán, para la estabilización de temporales de larga duración del sector público, sobre la que existe el compromiso actual de reiniciar su tramitación cuando se constituya el nuevo Parlamento, augurando que la Generalitat paralizaría los procesos PESCO a la espera de disponer del nuevo marco legal.
“Pero no ha sido así. Todo lo contrario; la Generalitat está acelerando los procesos PESCO. Así, unilateralmente, sin motivación alguna y en plena cuarta ola de la pandemia, ha convocado a un examen eliminatorio a las trabajadoras sociales, el colectivo más precario de la Generalitat, después de más de 20 años sin proceso selectivo y que ha sido duramente castigado por la COVID, en tanto que, principalmente, desarrollan sus funciones en las residencias de mayores, que han sido duramente golpeadas por la enfermedad”, subrayan desde la Plataforma, que precisa: “Así pues, la querella que fue presentada el pasado 26 de marzo de 2021, ha sido admitida por el Juzgado de Instrucción núm. 9 de Barcelona, citándose a las querelladas para que declaren en calidad de investigadas el próximo día 21 de junio de 2021”.
1 Asociación que defiende los derechos del personal interino que trabaja para la Administración Pública catalana y formada por un conjunto de trabajadores y trabajadoras interinos
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