Más de un millón de personas han fallecido a causa de la COVID-19 desde la última reunión del G7 en febrero. En este encuentro, los y las dirigentes de estos países manifestaron, de manera imprecisa, su compromiso de incrementar el suministro mundial de vacunas, pero en último término no respaldaron de forma unánime la exención de las normas de propiedad intelectual que protegen las vacunas, ni tampoco la inversión para producir vacunas en los países en desarrollo, dos medidas que permitirían marcar la diferencia.
Coincidiendo con la reunión de los ministros y ministras de Sanidad del G7, que se celebró ayer, antes de la cumbre de líderes del G7 que tendrá lugar la próxima semana, la Alianza People’s Vaccine, de la que forma parte Oxfam Intermón insta al G7 a no hacer más promesas vacías y dejar de defender los intereses de las empresas farmacéuticas para, en cambio, adoptar medidas urgentes para acabar con la enorme brecha de vacunación entre sus países y los países más pobres.
La Alianza, formada por la Health Justice Initiative, Oxfam y ONUSIDA, ha publicado nuevas estimaciones según las cuales el mes pasado las personas que viven en países del G7 tenían 77 veces más posibilidades de recibir una vacuna que las que viven en países más pobres. En conjunto, en mayo los países del G7 estaban vacunando a 4,6 millones de personas al día, lo cual quiere decir que, si este ritmo se mantiene, el 8 de enero de 2022 toda la población de esos países estaría vacunada. En cambio, con el ritmo de vacunación actual – 63.000 personas al día – los países de renta baja necesitarán 57 años para alcanzar el mismo nivel de protección.
De los 1.770 millones de dosis de vacunas que se han administrado en todo el mundo, el 28% ha sido en países del G7. Sin embargo, tan solo un 0,3 % de ellas se han puesto en países de renta baja, a pesar de que, en conjunto, los países de renta baja y las naciones del G7 tienen un volumen de población muy similar.
Iñigo Macías, responsable de investigaciones de Oxfam Intermón, señala que “resulta obsceno que el Reino Unido, Alemania y otros países ricos con capacidad para vacunar a su población impidan a los países pobres producir las dosis de vacunas que necesitan para salvar vidas.
“Lo triste es que los países en desarrollo no pueden depender de la COVAX, o de la buena voluntad de la industria farmacéutica, para salvar la vida de su gente. Los dirigentes del G7 deben aprovechar este momento para situarse en el lado correcto de la historia, y respaldar plenamente la liberación de las patentes de las vacunas, que ya cuenta con el apoyo de más de 100 países. Puede que los miembros del G7 tengan las vacunas que necesitan, pero prácticamente todo el resto del mundo no, y estas personas están pagando la protección de las patentes con su vida”, continúa Macías.
Fatima Hassan, fundadora y directora de la Health Justice Initiative en Sudáfrica, afirma que “desde la última reunión de líderes del G7, han muerto ocho personas por minuto. Estamos hablando de más de un millón de vidas perdidas. Mientras, unos pocos países, entre los que se encuentran el Reino Unido y Alemania, siguen bloqueando las propuestas para suspender las patentes de las vacunas y tratamientos contra la COVID-19, algo que permitiría que cualquier empresa productora cualificada del mundo fabricase las vacunas, no solo un puñado de grandes empresas farmacéuticas europeas y estadounidenses.
“Independientemente de sus promesas y compromisos, si el G7 no respalda las medidas para acabar con los monopolios de las vacunas contra la COVID-19, en la práctica sigue permitiendo que sean las grandes farmacéuticas quienes deciden quién vive y quién muere”.
Algunos miembros del G7 alegan haber hecho su parte comprometiendo o bien dosis de vacunas o bien fondos para la iniciativa COVAX, creada para facilitar el acceso de los países en desarrollo a las vacunas contra la COVID-19 que, sin embargo, no está cumpliendo su propósito. A finales de mayo, la iniciativa COVAX había suministrado menos de un tercio de las vacunas comprometidas, y la Alianza alerta de que, al ritmo actual, a finales de año probablemente tan solo habrá llegado, en el mejor de los casos, al 10 % de la población de los países en desarrollo.
De los países del G7, tan solo Estados Unidos apoya la propuesta presentada en la OMC para suspender los derechos de propiedad intelectual de las vacunas. El Reino Unido y Alemania se oponen, mientras que Canadá, Francia, Japón e Italia miran para otro lado, a pesar de que la opinión pública se ha mostrado muy favorable la idea. Según las encuestas, un promedio del 70 % de la población de los países del G7 considera que sus gobiernos deberían garantizar que las empresas farmacéuticas comparten sus fórmulas y tecnologías, a fin de que productores cualificados de todo el mundo puedan incrementar el suministro de vacunas.
Dr Mohga Kamal-Yanni, asesor sénior sobre políticas de salud de la Alianza People Vaccine, señala que “el G7 debe tomar medidas para obligar a las farmacéuticas a compartir los conocimientos científicos y las tecnologías de las vacunas con proveedores cualificados de países en desarrollo, a fin de maximizar el suministro.”
“La semana pasada, la OMS relanzó su grupo de acceso a las tecnologías contra la COVID-19 para facilitar el intercambio de las tecnologías, conocimientos científicos y propiedad intelectual sobre vacunas. Si de verdad tiene la voluntad de poner fin a esta pandemia, el G7 debe demostrar un apoyo político firme a esta iniciativa. Asimismo, debe anunciar que aportará fondos para contribuir a financiar el intercambio de tecnologías y la producción de vacunas en los países en desarrollo. Cada día de retraso es un día perdido para salvar vidas.”
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