Boadilla, primer Ayuntamiento de España en conseguir el distintivo EFR por su compromiso con la familia

El alcalde de Boadilla del Monte, Javier Úbeda, recogió ayer el distintivo de Certificación EFR (Empresa Familiarmente Responsable) que reconoce el compromiso del Ayuntamiento con la familia, reflejado de forma transversal en las iniciativas que desarrolla. El distintivo es un modelo internacional, avalado por la Organización de Naciones Unidas (ONU), que en nuestro país lidera y audita la Fundación Másfamilia, con la colaboración de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

La entrega del distintivo corrió a cargo del director general de la Fundación Masfamilia, Rafael Fuertes, y la directora general de Familia de la Comunidad de Madrid, Silvia Valmaña,  y se realizó durante la celebración del Día de la Familia, que reunió a cientos de personas en el parque Miguel Ángel Blanco en una mañana repleta de actividades para los más pequeños.

El Ayuntamiento de Boadilla es el primero de España que obtiene la certificación EFR, después de superar una exhaustiva auditoría en la que se comprueba el grado de atención a la familia en toda la gestión municipal. La acreditación lleva implícito el compromiso de mantener y promover la conciliación laboral y familiar, la responsabilidad familiar y la igualdad de oportunidades hacia los ciudadanos, empresas del municipio y empleados.

El Alcalde resaltó en el acto de entrega la necesidad de que los poderes públicos protejan, ayuden y promocionen a la que considera una “institución básica sin la cual no puede haber una sociedad sana ni un Estado al servicio de esta”.

Entre las actuaciones más recientes que ha desarrollado el Ayuntamiento a favor de las familias,  Úbeda destacó ampliación del Centro de Atención a la Familia y del Centro de Atención Temprana y Post-Temprana; el aumento de las bonificaciones en el IBI a las familias numerosas; la implantación del servicio de enfermería a tiempo completo en todas las escuelas infantiles y colegios públicos; la extensión del Servicio Municipal de Salud Infantil a toda la población o la ampliación de importes y beneficiarios en los pagos de las ayudas para escolarización y conciliación.



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