El Grupo Municipal Popular ha presentado este viernes ante el Pleno del Ayuntamiento una moción que propone el rechazo a cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado para cualquier grupo de ciudadanos, sea cual sea su delito, y ha propuesto un acuerdo de Estado que evite que la sociedad española se vea sometida a las condiciones ilegales que imponen los partidos separatistas.
Además, la moción defiende que “el imperio de la ley es la expresión de la voluntad popular, tal y como establece el preámbulo de la Constitución, y compromete a todos los poderes para su cumplimiento”.
En la exposición de motivos el Grupo Municipal Popular explica cómo, en la tramitación de la Constitución de 1978, se debatió sobre la amnistía, después de que el Congreso de los Diputados hubiera aprobado el 14 de octubre de 1977 la Ley de Amnistía, respondiendo a una demanda social del momento y como piedra angular de la reconciliación nacional. Su aprobación fue uno de los grandes acuerdos que consolidaron la transición a la democracia.
En el mencionado debate, se rechazaron dos enmiendas que pretendían dar a las Cortes competencias en materia de amnistía; por el contrario, se aprobó el artículo 62, que prohíbe los indultos generales. “Es decir, el perdón -que sí existe en nuestro ordenamiento y que está regulado en la Ley del Indulto-, debe ser siempre individualizado y nunca concederse con carácter general”.
El Partido Popular argumenta además que una amnistía atenta contra algunos de los principios básicos del Estado de Derecho como son la exclusividad del poder judicial para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, la igualdad en la aplicación de la ley y la seguridad jurídica.
“Ni el legislador ni el poder ejecutivo pueden arrogarse la facultad de declarar inmune a un grupo de personas, borrar sus delitos e incluso evitar que sean juzgadas, como cualquier otro ciudadano”. La moción recuerda que tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tienen pendientes resoluciones referidas a la cuestión, sobre la que se plantea la posible amnistía, y que afectan a España.
El PP de Boadilla del Monte recuerda también que, “tras el intento de insurrección en 2017 por parte de los poderes públicos de Cataluña contra el orden Constitucional, el Estado de Derecho reaccionó aplicando el artículo 155 de la Constitución y activando los instrumentos penales contra sus impulsores. El Tribunal Supremo condenó a los líderes independentistas a penas de entre 9 y 13 años de cárcel por sedición y malversación. Algunos de sus principales responsables huyeron al extranjero, tratando de evitar la acción de los tribunales españoles y europeos”.
“El pasado 5 de septiembre”, prosigue el texto que ha salido adelante por los votos de PP y VOX, “Puigdemont condicionó la gobernabilidad de España a, entre otras cuestiones, la aprobación de una Ley de Amnistía que favorezca, entre otros, a los encausados por el referéndum ilegal de 2017, en ocasiones, por hechos de una violencia extrema”.
Además de que “el Congreso ya rechazó en 2021, con la oposición contundente de los Letrados, la tramitación de una iniciativa relativa a la amnistía, tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como ministros de su Gobierno y muchos dirigentes socialistas, afirmaron en el pasado la inconstitucionalidad de la misma”, argumentan los populares.
“Los hechos jurídicos son los mismos pero han cambiado las circunstancias políticas. Pedro Sánchez, en un intento desesperado por conservar la Presidencia del Gobierno, se ha abierto a que se pueda tramitar una Proposición de Ley. Además de suponer una inconstitucionalidad flagrante, de nuevo se pretende utilizar un atajo para evitar los controles de legalidad del CGPJ, la Fiscalía y el Consejo de Estado”, explica el PP.
Para los populares, el precio de la Presidencia no sería solo exculpar centenares de delitos a sus autores sino, lo que es más grave, deslegitimar el Estado de Derecho y blanquear y aceptar la legitimidad de la sedición que se llevó a cabo. “Este precio político, inaceptable para cualquier gobernante decente, y la falta de rechazo explícito y contundente por parte del Gobierno están causando una profunda conmoción social”, concluyen.
Para Javier Úbeda, alcalde de Boadilla del Monte, “presentar esta moción era una exigencia moral, un deber con la nación y un gesto importantísimo para demostrar que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte está con la ley, con la Constitución, con la separación de poderes, con el Estado de Derecho y, sobre todo, en el lado correcto de la historia. Queremos con ella mostrar el rechazo frontal de la mayoría de los vecinos de Boadilla del Monte al precio que quiere pagar Pedro Sánchez para seguir en La Moncloa. Es una pena que Más Madrid y PSOE no la hayan apoyado”.
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