La Fundación Franz Weber ha retado este pasado lunes al Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón a realizar una consulta popular municipal sobre la hipotética construcción de una plaza de toros gastando 3 millones de euros en una zona residencial.
Si bien el consistorio carece de un reglamento orgánico específico sobre participación ciudadana, los naturalistas consideran que se trata de un asunto de especial relevancia, “como es el dispendio económico en un equipamiento muy específico sin una demanda social real”, según expresan desde la Fundación.
La ONG critica el pliegue del consistorio “a este tipo de ocurrencias, que se están repitiendo en otras ciudades y comunidades autónomas en forma de gastos directos. En Zaragoza, por ejemplo, habrá una partida específica para tauromaquia, Aragón multiplica los subsidios a escuelas taurinas, en Extremadura aumenta un 800% el presupuesto sectorial y en Comunitat Valenciana se otorgarán 300.000€ a una fundación del lobby taurino”.
La Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales 2021-2022, elaborada por el Ministerio de Cultura, señala que únicamente el 1,7% de la población madrileña declara asistir a corridas de toros. “Es decir, el gobierno de Pozuelo apuesta por una actividad que se sitúa fuera de las demandas y necesidades reales de la ciudadanía”, subrayan desde la ONG:.
Así, recuerda que en 2018 el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas pidió al Estado español evitar la participación o presencia de niños y adolescentes en la tauromaquia, con un texto muy claro al respecto y que indicaba:
“Para prevenir los efectos nocivos para los niños del espectáculo de los toros, el Comité recomienda que el Estado parte prohíba la participación de niños menores de 18 años como toreros y como público en espectáculos de tauromaquia.”
En agosto del pasado año el organismo de expertas/os incluyó una referencia similar en el Comentario General nº 26, en su apartado G) sobre el “Derecho a no sufrir ningún tipo de violencia”, dirigido a todos los Estados parte:
“Los niños deben ser protegidos de todas las formas de violencia física y psicológica y de la exposición a la violencia, como la violencia doméstica o la infligida a los animales.”
Para los naturalistas “resulta preocupante el uso que parecen hacer las administraciones de los recursos públicos, promoviendo maltratar animales y exponer a cualquier persona a riesgos de carácter médico-sanitario para perpetuar una actividad que recibe un importante rechazo de la ciudadanía, como las sueltas de vaquillas accesibles para menores”.
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