En diciembre de 2006, el Congreso de los Diputados creó una comisión para hacer un pacto social y político por la educación, pero a día de hoy no ha tomado medida alguna para modificar la legislación actual ni para revertir los recortes educativos que han afectado especialmente a la educación pública. Al contrario, la LOMCE sigue vigente y el gobierno sigue reduciendo la inversión que cada año dedica a la educación pública.
Tras varias leyes orgánicas de educación que han ordenado el sistema educativo español en los últimos años, la sociedad pide un consenso que apueste por la estabilidad y asegure una educación pública de calidad, y ese consenso no se puede lograr sin contar con la comunidad educativa. Durante casi tres años, amplios sectores del mundo de la educación han trabajado intensamente para alcanzar un acuerdo social y político surgido de la propia comunidad educativa, cuyo resultado ha sido el Documento de Bases para una nueva Ley de Educación y también la Plataforma Estatal por la Escuela Pública ha planteado en las últimas semanas demandas básicas que deben servir como punto de partida para dicho pacto educativo.
Recogiendo estas iniciativas, Izquierda Unida y Somos Majadahonda han presentado una propuesta en el reciente Pleno del mes de marzo para instar al Gobierno a que derogue definitivamente la LOMCE. Esta ley, gestada según IU en contra del sentir de la comunidad educativa, “es clasista pues ha recortado las becas y ha sido pensada para expulsar del sistema a los grupos más desfavorecidos; es antidemocrática al ser la administración la que elige a los directores de los centros; apuesta por la enseñanza privada en detrimento de la pública; es sexista al permitir conciertos con centros que segregan por sexos; desconfía del profesorado al multiplicar las pruebas externas; no concibe la etapa de 0 a 3 años como una etapa educativa; mantiene la religión de la Iglesia Católica dentro de la escuela, y entroniza la competitividad como el valor supremo”, observan desde IU.
En opinión de esta formación política, en contraposición a la LOMCE, la nueva ley que salga del pacto social y político tiene que garantizar una inversión pública del 5 % del PIB con el compromiso de llegar al 7 %; revertir los más de 10.000 millones de euros en recortes desde el año 2008; defender la educación pública y el derecho a la educación de todos. Tendrá también que promover una educación integral de las personas y formar ciudadanos y ciudadanas solidarios; crear una red de centros públicos suficientes para atender las necesidades educativas de toda la población; promover la igualdad entre hombres y mujeres, prohibiendo, por ejemplo, la segregación por sexo en la escolarización del alumnado; garantizar una educación laica en la que no tenga cabida cualquier forma de adoctrinamiento, y defender una escuela democrática y participativa.
La propuesta presentada por Izquierda Unida y Somos Majadahonda fue rechazada por el Pleno al contar con los votos en contra de PP y Ciudadanos, la abstención de CMj y el voto favorable de IU, Somos y PSOE
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