Las ONG de la campaña Armas Bajo Control (Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón) piden a la Casa Real, al Presidente Rajoy y a los ministros de Asuntos Exteriores y Cooperación y de Economía y Competitividad que no promuevan la firma del contrato de la empresa española Navantia para construir cinco corbetas del tipo Avante 2200 para la armada saudí y que pongan fin a las exportaciones de armas a Arabia Saudí. Así se lo han hecho saber en sendas comunicaciones enviadas a todos ellos el pasado 6 de abril.
Las ONG exigen al Gobierno que cese la venta de armas a Arabia Saudí, al que ha exportado armas por valor de 728,5 millones de euros entre 2015 y junio de 2017, y que, si Navantia firma el contrato con ese país, no autorice la exportación de las corbetas cuya construcción llevaría al menos dos años. Basan su reclamación en que el Tratado sobre el Comercio de Armas, ratificado por España en 2014, prohíbe la venta de armas si, como es este caso, en el momento de autorizar la operación, el Estado tiene conocimiento de que las armas “podrían utilizarse para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra u otros crímenes de guerra”.
Las ONG denuncian que España podría convertirse en cómplice de la comisión de crímenes de derecho internacional en Yemen debido al riesgo sustancial de que las corbetas se utilicen para llevar a cabo ataques militares directos contra la población civil, ataques indiscriminados o para mantener el bloqueo aéreo y naval impuesto a Yemen por la coalición saudí. Este bloqueo ha limitado gravemente el flujo de alimentos, combustible y medicinas, lo que viola el derecho internacional humanitario y ha empeorado la catástrofe humanitaria en Yemen.
Según la ONU, hasta finales de enero de 2018, en el conflicto de Yemen han muerto casi 6.000 civiles, más de 50.000 han resultado heridos y hay tres millones de personas desplazadas internas. Más de 22 millones de personas necesitan ayuda humanitaria para cubrir sus necesidades básicas, en una crisis exacerbada por el bloqueo de Yemen por parte de la coalición saudí.
Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional, reclama al Gobierno que “cese la venta de armas que pueden usarse en Yemen a Arabia Saudí y al resto de la coalición internacional saudí porque es ilegal al violar la legislación española e internacional sobre comercio de armas”. Beltrán señala que “un tercio de los más de 15.000 bombardeos de la coalición saudí en estos tres años de conflicto han atacado escuelas, mercados, hospitales o viviendas”. Amnistía Internacional ha documentado 36 ataques aéreos de la coalición que aparentemente violaron el derecho internacional humanitario y podrían constituir crímenes de guerra.
Mario Rodríguez, director de Greenpeace, destaca que “España es el cuarto exportador mundial de armas a Arabia Saudí, tras EEUU, Reino Unido y Francia”. Según datos oficiales, desde 2015 hasta junio de 2017 España ha vendido armas a Arabia Saudí -segundo importador mundial de armas en los últimos años-, por valor de 728 millones de Euros. Rodríguez pide al Gobierno que “en lugar de vender armas a la coalición saudí, se sume al creciente número de países que, como Alemania, Suecia, Canadá, Finlandia, Noruega o Bélgica, han cesado las exportaciones de armas a la coalición saudí que opera en Yemen”.
José María Vera, director de Oxfam Intermón califica de “despropósito” la venta de armas españolas a Arabia Saudí por el riesgo de que se usen para cometer crímenes de derecho internacional en Yemen, país que según la ONU está sumido en la mayor catástrofe humanitaria del mundo. “No se puede permitir que se vendan armas que puedan ser utilizadas en un país azotado por más de un millón de casos de cólera y al borde de la hambruna, donde tres de cada cuatro yemeníes necesitan ayuda humanitaria para cubrir sus necesidades básicas, en una crisis exacerbada por el bloqueo naval y aéreo”. Vera ha tachado de “inaceptable” que la ayuda humanitaria española a Yemen desde el inicio del conflicto (1,3 millones de euros a finales de 2017) sea casi mil veces menos que la cifra de exportaciones de armas autorizadas a Arabia Saudí -más de 1.060 millones de euros desde el inicio del conflicto hasta junio de 2017-.
Jordi Armadans, director de FundiPau, afirma: “somos conscientes del apoyo de autoridades locales, autonómicas y estatales a este contrato. Les pedimos a todas ellas y a los grupos parlamentarios que lleven a cabo iniciativas para que el Gobierno no autorice la exportación de las corbetas y cese la venta ilegal de armas a la coalición saudí”. Insiste en que el debate “no puede reducirse a puestos de trabajo en Navantia u otras empresas a costa de la vida de yemeníes inocentes” y pide un debate serio sobre las consecuencias de las exportaciones de armas españolas desde un compromiso con la paz y el respeto al derecho internacional.
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