La Comunidad de Madrid ha iniciado la tramitación de la nueva Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa, una normativa autonómica con la que el Ejecutivo madrileño, dentro de sus competencias, pretende garantizar los pilares de la educación en su territorio que se ven amenazados con la entrada en vigor de la Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE). El Consejo de Gobierno ha dado luz verde hoy esta tramitación para que pueda, finalmente, ser aprobada en la Asamblea de Madrid.
El objetivo de esta iniciativa del Ejecutivo regional es garantizar un sistema educativo acorde con la Constitución y con el ejercicio de la libertad de elección de centro escolar, teniendo en cuenta las demandas de la sociedad y el desarrollo integral de los alumnos, y, de manera específica, de aquellos que presentan necesidades educativas especiales.
En este sentido, la nueva Ley regulará la situación de los alumnos con necesidades educativas especiales, partiendo de los principios de normalización e inclusión, no discriminación, e igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo.
Para ello, se asegurará la existencia de centros escolares de calidad y adecuados a las necesidades de todos los alumnos, y se asegurará la escolarización en Centros de Educación Especial a los estudiantes que manifiesten necesidades que no pudieran ser satisfechas en los centros ordinarios.
Asimismo, la normativa señalará que se tendrá en cuenta la opinión de las familias a hora de llevar a sus hijos a un Centro de Educación Especial, con el fin de que sea la decisión que mejor se adapte a las necesidades de cada alumno. En la actualidad, este tipo de centros acoge al 8,3% del alumnado con necesidades de apoyo educativo.
Educación pública de calidad y más libertad de elección
La nueva Ley Maestra apostará por el esfuerzo y la excelencia dentro del sistema educativo, frente al planteamiento de la LOMLOE de promover la titulación y la promoción con suspensos. Entre otras medidas, se apostará por la realización de pruebas externas que fomenten la calidad y se garantizará el derecho a recibir las enseñanzas en castellano, como lengua oficial y vehicular de España.
Asegurará también la libertad de elección de centro educativo con independencia del barrio de residencia y apostando por la zona única, que se traduce en que el 94% de las familias madrileñas ha obtenido plaza en el colegio elegido como primera opción para escolarizar a sus hijos de 3 años durante el presente curso. Esta cifra supone una nueva mejoría con respecto a los anteriores datos registrados y son el mejor porcentaje en toda la serie histórica.
Defensa de la Educación concertada
Otro de los puntos fundamentales de la Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa de la Comunidad de Madrid será la defensa de la educación concertada. La normativa va a garantizar las plazas suficientes en enseñanzas declaradas obligatorias y gratuitas, teniendo en cuenta la oferta de los centros públicos y privados concertados e incluyendo el concepto de demanda social. Este concepto ha quedado excluido en la nueva Ley educativa estatal, ya en vigor, poniendo en peligro la libertad de las familias madrileñas a elegir este tipo de educación.
En el presente curso escolar, el 29,6% de los alumnos de la región estudia en un centro concertado, un porcentaje que, en la ciudad de Madrid, según los datos del curso pasado, es muy superior. De los 347.435 alumnos que recibían estudios en centros sostenidos de la capital con fondos públicos durante el curso 2019/2020, 204.145, es decir, el 58,75%, lo han hecho en centros concertados, mientras que los restantes 143.290 (41,25%), en centros públicos.
Además, en 14 de los 21 distritos de la capital, las familias optaron de manera mayoritaria por matricular a sus hijos en colegios concertados, siendo igualmente superior en algunos de los distritos que tienen una renta per cápita más baja de la capital de la región. Del mismo modo, la Ley madrileña que inicia ahora su tramitación recogerá que la educación diferenciada cumple el principio de igualdad de la Constitución, tal y como ha respaldado el Tribunal Constitucional.
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