El debate se ha reavivado recientemente gracias a un episodio de un podcast de El Mundo, en el que se destacan los puntos de vista opuestos. Los abolicionistas defienden la prohibición total, alegando su preocupación por la explotación y la trata. Los defensores de la legalización, por su parte, afirman que una prohibición sólo empeora las cosas para las trabajadoras del sexo, al despojarlas de protecciones.
En medio se encuentran las propias trabajadoras del sexo, muchas de las cuales se han adaptado a los cambios. Han trasladado sus actividades a Internet, anunciándose en aplicaciones de citas y servicios de mensajería cifrados para evitar las sanciones del gobierno.
Este método parece estar funcionando. Los datos muestran un aumento del 16% en los anuncios de trabajadoras del sexo en línea en los últimos seis meses, según el sitio de reseñas Escort Advisor, lo que indica que los esfuerzos actuales para frenar la prostitución están fracasando.
La ofensiva del gobierno también se enfrenta a obstáculos legales. Las leyes de la Unión Europea impiden a los Estados miembros imponer prohibiciones totales y les obligan a adoptar un enfoque más matizado que respete el derecho a ofrecer servicios consentidos.
España ha respondido imponiendo fuertes multas a los sitios web de prostitución, obligándoles a trasladarse al extranjero. Esta presión para erradicar los anuncios en línea no ha hecho más que llevar el negocio aún más a la clandestinidad. Las trabajadoras del sexo operan ahora con aún menos protección, temiendo la criminalización tanto para ellas como para sus clientes.
La paradoja se amplifica aún más por la creciente costumbre de los españoles de utilizar sitios de opiniones en línea para evaluar a las profesionales del sexo. Estas plataformas, que siguen el modelo de TripAdvisor, exponen una clara demanda de trabajo sexual que persiste a pesar de las políticas prohibicionistas.
La popularidad de estos sitios de opiniones, como Escort Advisor, que ha experimentado un aumento de la actividad de los usuarios desde la represión, pone de manifiesto la desconexión entre las intenciones del Gobierno y la realidad.
Con las elecciones al Parlamento Europeo a la vuelta de la esquina, es probable que la cuestión se politice aún más. Algunos partidos podrían defender por medidas más duras para atraer a los votantes conservadores, mientras que otros podrían impulsar reformas acordes con las normas de la UE sobre derechos de los trabajadores del sexo.
Los expertos advierten de que la abolición total dejaría a los profesionales del sexo aún más vulnerables. La despenalización y la regulación sostienen, proporcionarían una red de seguridad muy necesaria y permitirían una mejor vigilancia para combatir la explotación.
El planteamiento actual de España parece dar prioridad a las posturas morales sobre el bienestar de las trabajadoras del sexo. La pregunta sigue siendo: ¿seguirá el país por este camino o adoptará un enfoque más pragmático que dé prioridad a la seguridad y los derechos?
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