Un día más, las inquilinas seguimos sufriendo el drama de los desahucios en nuestras propias carnes para que los beneficios de los caseros no paren de aumentar. Si fuera por el Gobierno, el próximo viernes nuestra compañera Verónica sería una de esas 20.000 familias desahuciadas en 2023, con la complicidad de las falsas políticas del Gobierno, la connivencia de todo el sistema judicial y la asistencia de los servicios sociales. Pero no lo vamos a permitir, por ello el Sindicato de Inquilinas convoca a toda la ciudadanía madrileña a concentrarse en la puerta del inmueble (Calle Isla de Arosa nº 35) el próximo viernes 23 de febrero, a las 10.00 de la mañana, con el fin de imposibilitar el desahucio de Verónica y defender su derecho a continuar viviendo en la casa que ella y su familia han estado pagando religiosamente.
Verónica, su hija menor de edad y su madre llevan viviendo en la misma casa 6 años, no han dejado de pagar en ningún momento y simplemente se les ha acabado el contrato de alquiler. Como bien sabemos, cualquier familia trabajadora como la suya se enfrenta a esta situación cada vez que termina su contrato de alquiler debido a que la legislación nos deja completamente desprotegidas y en el precipicio del desahucio invisible. Frente a esta situación, la alternativa de Servicios Sociales ha sido dividir a la familia: mandar a vivir a una habitación (¡!) a Verónica y a su hija y ofrecerle un geriátrico a su madre.
Por si no fuera poco, la casera obligó a firmar una cláusula abusiva por la que Verónica y su familia renunciaban a la intervención de la Justicia y se sometía al procedimiento de arbitraje. Tal y como explica Víctor Palomo, abogado del Sindicato de Inquilinas, ya no es un juez el encargado de determinar el desahucio sino un árbitro especializado en la materia. “Este proceso no tiene las mismas garantías procesales que un juzgado. Cuando te llega la demanda, solo tienes siete días naturales para reaccionar. No tienes las garantías de defensa, no puedes pedir justicia gratuita”, concreta Víctor. Esta fórmula vulnera directamente todos los derechos de Verónica a defenderse de esta injusticia, una táctica más que demuestra las prácticas sin escrúpulos de muchos caseros en nuestro país.
Desde el primer día, la casera de la vivienda ha vivido en el Reino Unido, donde tiene un alto cargo en una empresa tecnológica, y utiliza esta vivienda únicamente para enriquecerse a costa de Verónica y su familia. Sus planes son ganar 300€ más al mes sin importar si esto significa dejar a una familia en la calle. Como hemos dicho en otras ocasiones, grandes o pequeños, los rentistas son una lacra social porque su único propósito es hacer negocio con nuestros hogares. Por eso mismo, Verónica, a pesar de tener ingresos de 1400€/mes, no ha sido capaz de encontrar otra vivienda a la que mudarse con su familia, porque no logra superar los ridículos requisitos que las agencias inmobiliarias y los caseros han normalizado en los últimos años.
Pero, como siempre, la propiedad no es la única responsable de esta situación. Esta pretensión de desahuciar a Verónica muestra muy claramente que el Gobierno de coalición lleva años incumpliendo sus promesas en materia de vivienda.
En el Consejo de Ministros del pasado 27 de diciembre, quedaba aprobada la suspensión durante 2024 de los desahucios contra personas sin alternativa habitacional, un acuerdo que no se aplica en muchas ocasiones y que queda flagrantemente violado en casos como el de Verónica. Además, cabe recordar que la nueva Ley de Vivienda establece también supuestas medidas para situaciones de desahucio sin alternativa habitacional y el caso de Verónica evidencia, una vez más, como esta ley es papel mojado y no enfrente el problema real de vivienda que sufrimos las inquilinas.
Sindicato de Inquilinas de Madrid
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