Debate en Majadahonda sobre las residencias madrileñas durante la pandemia

La Asociación de Vecinos aboga por la creación de una comisión de investigación nacional al respecto

La sala polivalente de la Casa de la Cultura de Majadahonda se llenó y
muchos vecinos se quedaron fuera, de pie, para escuchar a Alberto Reyero, ex-Consejero de Políticas Sociales de
la Comunidad de Madrid y Victoria Zunzunegui, epidemióloga y miembro de la Plataforma Verdad y Justicia
relatar “la verdad sobre las residencias de mayores durante la pandemia”.

Con una precisión quirúrgica, Alberto Reyero explicó cómo el día 4 de marzo ocurre la primera defunción en una
residencia de mayores de Madrid y el 6 de marzo se emite el primer Protócolo. Un protócolo, no lo olvidemos, es
un conjunto de normas a seguir.

Primero, se impidió la entrada de familiares a las residencias para evitar la propagación del contagio. A
continuación, hubo una reunión de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso con el Consejero de
Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, el Consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, el director del Gabinete,
Miguel Ángel Rodríguez y Antonio Burgueño, asesor de la Presidenta a la que, curiosamente, no fue invitado el
Consejero de Políticas Sociales. ¿Qué hacía allí el responsable de Hacienda?

De esta reunión salió la decisión, comunicada el 18 de marzo, de medicalizar las residencias. Decisión a priori
razonable ya que las residencias de mayores son “hogares”, no residencias hospitalarias. El problema es que esto
no se llevó a cabo. Y a partir de entonces, se impidió el traslado de mayores a centros hospitalarios, de acuerdo
con unos criterios no clínicos y poco éticos. La derivación a hospitales debía hacerse en función del nivel de
discapacidad y deterioro cognitivo, o dicho de otra manera, solo se podía derivar a mayores con pronóstico leve.

En vez de medicalizar las residencias, se instaló en el recinto ferial de IFEMA un “hospital de campaña” que
permaneció abierto 3 meses. Atendió a 3.811 personas de las cuales solo 23 venían de residencias de mayores.
En estos 3 meses, en el hospital de IFEMA fallecieron 16 personas y en las residencias más de 5.000. Es decir que
los casos graves se quedaron en las residencias.

¿Porqué no se asignaron los 1.000 médicos que se enviaron al hospital de IFEMA a las residencias de mayores?
Otra excelente operación de “marketing político” del gobierno de Isabel Ayuso: se anunció que se iba a unir la
sanidad pública con la sanidad privada para hacer frente a la pandemia. Nunca ocurrió. Los hospitales privados
solo atendieron a pacientes con pólizas privadas.

Con tono sereno y pausado, desgrana Alberto Reyero la trágica historia de las residencias de mayores de la
Comunidad de Madrid durante las primeras semanas de la pandemia. E insiste “los familiares se merecen
conocer la verdad” y ello solo ocurrirá si se constituye una Comisión de Investigación nacional, en el Congreso de
los Diputados. Él será el primero en querer testificar.

Y mientras tanto, sentencia que lo ocurrido en las residencias de mayores – y muy especialmente en la
Comunidad de Madrid – fue la mayor vulneración de derechos fundamentales en nuestro país desde la
restauración de la democracia.

Concluye que nuestra sociedad debe reflexionar sobre el papel de sus mayores – y cada vez habrá más – y el
trato que queremos darles. Ya que aquí, como en otros países, se extiende el “edadismo”, o lo que es lo mismo,
la discriminación contra las personas, basándose en su edad o en la percepción que son “mayores”. La

Organización Mundial de la Salud, en un informe de 2021, concluía que el “edadismo conduce a una salud más
pobre, al aislamiento social, a muertes tempranas y cuesta a las economías miles de millones de dólares”.

Victoria Zunzunegui, por su parte, coincidía en que se cometió una “vulneración de los derechos fundamentales”
al discriminar a los pacientes por edad. Y aboga también por la creación de una Comisión Nacional de
Investigación.

En su calidad de epidemióloga, constatar que en Madrid, en los primeros 12 meses, hubo un exceso de
mortalidad del 53% en las residencias de mayores, la motivó para investigar y poner la ciencia al servicio del
colectivo Verdad y Justicia que exige, entre otros, que “los Juzgados indaguen en las centenares de querellas
interpuestas”.

Y da una serie de datos.

1 de cada 5 mayores falleció en Madrid en los dos primeros meses.

Apunta tres factores que influyeron en la mortalidad:

1. Titularidad de las residencias

En Madrid, hay 475 residencias de mayores.

Casi la mitad son de titularidad y de gestión privada. Allí la mortalidad fue del 14%.

25 son de titularidad y de gestión pública. La mortalidad fue del 7%
18 son de titularidad pública y de gestión privada. La mortalidad fue del 21%

Y el resto (aprox. 194) son concertadas por la Comunidad de Madrid con empresas privadas a las que abona 53
euros/paciente/día. Con estos euros, la empresa gestora tiene que pagar sueldos, mantenimiento, restauración,
etc. y sacar beneficio.

En este caso, la mortalidad fue del 21%. Es decir que la colaboración público-privada fue letal.

2. Tamaño de las residencias

En Madrid, la mitad de las residencias tiene más de 100 plazas y muchas tienen más de 500 plazas.
La mortalidad en las residencias madrileñas de menos de 50 plazas fue del 10%. En las de entre 50 y 99, fue del
15% , en las de entre 100 y 199, fue del 21% y en las de más de 200 fue del 18%.

3. Gestión de las residencias y criterios de triaje (clasificación de pacientes)

En las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid, durante la pandemia Covid, el triaje se basó en
criterios de discapacidad y deterioro cognitivo. Y a partir del 9 de marzo, empezaron a disminuir los traslados a
hospitales desde las residencias, a pesar de que no se llevó a cabo la medicalización de las residencias para hacer
frente a la mortalidad que afectaba sobre todo – y se sabía – a los mayores de 80 años.

No hay datos oficiales de la Comunidad de Madrid sobre la mortalidad en hospitales, pero un informe del
Hospital Ramón y Cajal sobre los dos primeros meses de pandemia señala que el 28% de los ingresados desde
residencias de mayores murió frente al 41% de los que se quedaron en sus residencias. Mientras en Aragón,
estas cifras son respectivamente del 53% en hospitales y 18% en residencias; y en Guipúzcoa del 67% y 17%. Es
decir que allí se derivó desde las residencias de mayores a hospitales los casos más graves.



Be the first to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo no será publicada.


*